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- Autor, Redacción
- Título del autor, BBC News Mundo
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Tres policías fueron condenados en Perú a 17 años de prisión por tortura y abuso sexual en contra de Azul Rojas Marín, una mujer trans y activista de derechos LGBTI, en lo que que se convierte en la primera condena en ese país por un caso de discriminación sexual.
Este caso además fue el primero en la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en considerar un caso de tortura motivada por disicriminación en la región.
Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León recibieron la sentencia en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada por el caso ocurrido en 2008 en la ciudad de Casa Grande, en el norte del país.
El 28 de febrero de ese año Azul Rojas caminaba hacia su casa cuando fue detenida por los tres agentes quienes le exigieron su identificación. Posteriormente, fue llevada a una estación de policía donde la torturaron y violaron
Aunque Azul llevó el caso ante las autoridades judiciales, los tres agentes fueron dejados en libertad sin cumplir ninguna condena. Entonces, ella, junto a otras organizaciones de derechos humanos llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el caso llegó finalmente a la Corte Interamericana.
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En 2020, la IDH le ordenó a la justicia peruana iniciar un proceso judicial en contra de los agentes de policía por considerar que la detención de Azul Rojas había sido arbitraria, motivada por discriminación, y declarando que los hechos constituyeron tortura sexual.
A partir de entonces, la Fiscalía peruana inició una investigación y posteriormente acusó a los tres policías de tortura y violencia sexual agravada por un ensañamiento motivado por ser una persona trans y miembro de la comunidad LGBTI.
En 2022, como parte de las medidas de reparación ordenadas por la IDH, el Estado peruano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y pidió perdón a Azul Rojas Marín y a su familia por el daño irreversible causado.
“La decisión de hoy es un paso muy importante para la recuperación de Azul y para hacer efectivo su derecho a la justicia por lo ocurrido”, anotó la organización Redress, que acompañó a Azul Rojas en el proceso de la denuncia.
Y añadió: “También es una señal positiva de que el Perú está avanzando al garantizar que casos como el de Azul no queden impunes y que la tortura y otras formas de violencia contra personas LGBTI no sean toleradas en la sociedad peruana”.
Cómo fueron los hechos
El 28 de febrero de 2008, Azul Rojas caminaba en dirección hacia su casa en la localidad de Casa Grande, departamento de La Libertad, cuando fue interceptada por los tres agentes mencionados.
De acuerdo al testimonio durante las audiencias judiciales, los agentes le pidieron su identificación y según Azul, al ver que era una mujer transgénero, fue detenida y llevada a una estación de policía.
“Allí sufrió insultos y agresiones verbales de carácter discriminatorio, así como agresiones físicas con golpes y uso de la fuerza para someterla y el uso de una vara policial para producirle heridas, hasta llegar a las agresiones sexuales como haber sido desnudada y haberla introducido en dos oportunidades la vara policial”, se puede leer en la sentencia de la Corte.
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Y añade el texto: “También se tiene en cuenta el mantenimiento de la privación de la libertad a pesar de su estado producto de las agresiones (dolores intensos) sin que se le proporcione auxilio”.
Apenas fue dejada en libertad, Azul Rojas hizo la denuncia ante las autoridades locales, pero de nuevo allí fue discriminada por ser mujer trans.
“Un fiscal me dijo, cuando puse la denuncia que ‘no te van a hacer caso por ser homosexual; porque si fueras una persona normal, te harían caso, pero como tienes relaciones con hombres, no te van a hacer caso'”, denunció Azul Rojas.
El caso fue, efectivamente, archivado por un tribunal peruano.
Ella decidió acudir a tres organizaciones defensoras de derechos humanos: Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Redress Trust para que el caso no quedara en la impunidad.
En 2020, tanto la CIDH como la Corte IDH estudiaron el caso. Allí la Corte IDH fue clara en responsabilizar directamente al Estado peruano “por no garantizar justicia ni atención para la víctima, destacando que la orientación sexual, identidad o expresión de género no deben ser motivo de ningún tipo de violencia”.
Se ordenó abrir un nuevo juicio, una disculpa pública por parte del Estado y asistencia psicológica para Azul, entre otras medidas.
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