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- Autor, Nick Ericsson
- Título del autor, Servicio mundial de la BBC
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Tiempo de lectura: 7 min
Los dramáticos acontecimientos de los últimos días en Venezuela -y posteriormente en Estados Unidos- han suscitado un intenso debate sobre si el gobierno de Donald Trump actuó legalmente al destituir por la fuerza al presidente Nicolás Maduro.
Maduro y su esposa se enfrentan ahora a un juicio por cargos de tráfico de armas y drogas en un tribunal de Nueva York, con la posibilidad de ser condenados a largas penas de prisión, pero los expertos legales afirman que no está claro que las autoridades estadounidenses contaran con precedentes o con el respaldo del derecho internacional para llevar a cabo la operación.
Maduro ha negado rotundamente ser el líder de un un cártel del narcotráfico y ha acusado a Estados Unidos de utilizar su “guerra contra las drogas” como pretexto para intentar derrocarlo y apoderarse de las vastas reservas petroleras de Venezuela.
El derecho internacional generalmente prohíbe el uso de la fuerza, salvo en circunstancias excepcionales, como la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o la legítima defensa.
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La justificación
Horas después de los ataques estadounidenses contra Venezuela y la captura de Maduro, funcionarios de la administración Trump intentaron justificar la operación basándose en las acusaciones penales emitidas por la justicia en Nueva York.
La acción se presentó como un asunto de aplicación de la ley interna, como defensa propia contra el “narcoterrorismo”.
A la cabeza de esta iniciativa estaba la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien publicó en X que Maduro y su esposa “pronto se enfrentarían a todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.
Durante una conferencia de prensa el sábado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, declararon que la incursión fue una acción llevada a cabo en nombre y a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Presentar la operación de esta manera también podría ser un intento de disipar la preocupación por la falta de aprobación del Congreso de EE.UU. antes de los ataques contra Venezuela y la detención de Maduro.
Esto podría convertirse en un asunto espinoso para la administración Trump. Por ley, el presidente necesita de dicha aprobación si se trata de una operación militar estadounidense contra Venezuela, algo a lo que Donald Trump aludió el sábado al decir que su país gobernaría Venezuela durante un tiempo ahora que Maduro había sido derrocado.
En noviembre, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, declaró a la revista Vanity Fair que los ataques terrestres en Venezuela requerirían la aprobación del Congreso, pero a finales de ese mismo mes, Trump contradijo públicamente esta afirmación.
Ante las críticas de que se había engañado al Congreso, Rubio declaró el sábado que los legisladores estadounidenses no habían sido informados antes de la operación porque la incursión era “básicamente una función de aplicación de la ley” en lugar de un acto de guerra, y que el “Departamento de Guerra apoyó al Departamento de Justicia” para llevarla a cabo.
Para enfatizar su argumento, calificó a Maduro de “fugitivo de la justicia estadounidense”.
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El gobierno de Trump también podría ampararse en la Ley de Poderes de Guerra, que permite al presidente iniciar acciones militares de corta duración por hasta 60 días —con 30 días adicionales para la retirada— sin la aprobación previa del Congreso, siempre y cuando se notifique en un plazo de 48 horas.
Según este marco legal, el presidente podría alegar autoridad para lanzar el ataque contra Venezuela sin previo aviso al Congreso. Sin embargo, los legisladores estadounidenses aún pueden votar de forma bipartidista para restringir o poner fin a cualquier acción militar posterior. Se espera una votación en los próximos días.
Escepticismo legal
A pesar de esto, algunos expertos han expresado su consternación por lo que significan los acontecimientos de este fin de semana para el derecho internacional y el orden basado en normas, y han puesto en duda la base legal de las acciones de Washington contra Venezuela.
Los analistas afirman que el narcotráfico y la violencia de las pandillas, que fueron los motivos esgrimidos por la administración Trump para justificar su intervención en Venezuela, se consideran actividades delictivas y no cumplen con el estándar internacional aceptado de un conflicto armado que justificaría una respuesta militar.
En la conferencia de prensa del sábado, Trump también culpó a Venezuela de robar activos petroleros estadounidenses. Dijo que Washington los recuperaría cuando controlara Venezuela, sin ofrecer detalles.
“No se puede decir que se trató de una operación policial y luego afirmar que ahora necesitamos gobernar el país”, declaró a la agencia de noticias Reuters Jeremy Paul, profesor de la Universidad Northeastern en Estados Unidos, especializado en derecho constitucional. “Simplemente no tiene sentido”.
El profesor Marc Weller, de Chatham House en Londres, afirma que el uso de la fuerza como medio de política nacional está prohibido por el derecho internacional, a menos que sea “en respuesta a un ataque armado o… para rescatar a una población bajo amenaza inminente de exterminio”. También se necesita un mandato de la ONU, añade.
“Claramente, ninguno de estos requisitos se cumple en la operación armada de Estados Unidos contra Venezuela”, escribe. “El interés de Estados Unidos en reprimir el narcotráfico o las afirmaciones de que el gobierno de Maduro era, en esencia, una empresa criminal, no ofrecen ninguna justificación legal”.
El precedente de Panamá
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Algunos analistas sugieren que Trump y su círculo íntimo han tomado en consideración los acontecimientos de Panamá en 1989-1990 como modelo o justificación para la destitución de Maduro.
El impopular líder militar de facto de Panamá, Manuel Noriega, fue derrocado tras una intervención militar de la administración del entonces presidente George H. W. Bush y trasladado a Estados Unidos para ser juzgado por cargos de narcotráfico.
Los expertos afirman que existen similitudes evidentes, incluyendo los esfuerzos de Washington por asegurar el acceso al Canal de Panamá hace 35 años y a los campos petrolíferos de Venezuela en la actualidad, pero que también persisten diferencias notables.
Entonces, como ahora, Washington se basó en la justificación de la legítima defensa, alegando un peligro inminente para los intereses estadounidenses antes de derrocar a Noriega, afirma el profesor Weller.
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Según analistas como el exdiplomático estadounidense John Feeley (quien habló con la radio NPR en Estados Unidos), la diferencia más obvia entre ambos casos es que la oposición popular en Panamá estaba preparada para asumir el poder tras la destitución de Noriega y se produjo una transición democrática duradera. Además, las tropas estadounidenses abandonaron el país poco después.
Los comentarios de Trump durante el fin de semana sugieren que este no es el caso en Venezuela, donde no hay una oposición preparada para tomar el relevo.
¿Y ahora qué?
El siguiente paso obvio ahora es que se celebre un juicio contra Maduro, independientemente de los medios controvertidos y polémicos que se utilizaron para trasladarlo de Venezuela a Nueva York.
Según el profesor Weller, los tribunales estadounidenses siguen la llamada doctrina Ker-Frisbie: no importa cómo se lleve a un sospechoso ante un tribunal estadounidense; el juicio puede continuar, incluso si se produce tras “una intervención armada ilegal o un secuestro”, siempre y cuando el sospechoso no haya sido sometido a torturas graves durante el proceso.
Algunos analistas también afirman que si Estados Unidos no afronta consecuencias por sus acciones en Venezuela, podría haber repercusiones muy graves para otros conflictos latentes a nivel mundial, sobre todo teniendo en cuenta que la capacidad de la ONU para mantener un orden internacional basado en normas se ve claramente cuestionada.
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