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Cuando Nicolás Maduro compareció este lunes ante la justicia en Nueva York, no fue la única figura que generó gran interés mediático.
Junto a él estaba quien liderará su defensa, un abogado estadounidense conocido por ganar litigios tan notables como complejos.
Barry Pollack es el abogado privado de Maduro, quien enfrenta acusaciones de conspiración para el narcotráfico, conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
En su comparecencia, Maduro se declaró inocente de todos los cargos, denunció haber sido secuestrado y aseguró que sigue siendo presidente de Venezuela.
Pollack, de 61 años, es socio del bufete de abogados Harris St. Laurent & Wechsler, con sede en Wall Street, a unos minutos a pie del tribunal donde compareció Maduro. También es profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.
“Desconocemos las pruebas que tiene la fiscalía pero un abogado de primera línea como Pollack consigue la absolución de personas”, dijo a BBC Mundo William Shabas, profesor de derecho internacional de la Middlesex University de Londres.
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“Minucioso y reflexivo”
De acuerdo a la paágina web del bufete Harris St. Laurent & Wechsler, Pollack “es ampliamente reconocido como uno de los abogados litigantes más destacados del país” y es expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal de Estados Unidos.
Con más de tres décadas de experiencia, es conocido por trabajar en “juicios e investigaciones delicados y, a menudo, de alto perfil”.
Entre otros casos prominentes, Pollack logró en 2024 la liberación de Julian Assange, el periodista y activista australiano fundador de WikiLeaks.
El sitio Chambers USA, que produce un ranking de los principales bufetes y abogados en Estados Unidos, describe a Pollack como un “abogado minucioso y reflexivo” que “vive y respira sus juicios” y “tiene una forma natural de actuar ante los jurados”.
En una entrevista de abril con el sitio Law Dragon, un medio informativo dedicado a profesionales legales, y citada por el periódico británico The Guardian, Pollack ofreció algunas reflexiones sobre su trabajo.
“Normalmente, cuando me reúno con un cliente, se enfrenta a lo que podría ser la peor crisis de su vida”, dijo.
“Guiarlos a través de ese proceso es enormemente gratificante. Es difícil imaginar hacer algo que tenga un mayor impacto en la vida de la persona con la que se está tratando”.
Pollack también se refirió a sus fortalezas.
“Tengo la capacidad de comunicarme bien con el jurado”, afirmó.
“En cierto modo, soy un traductor. Tomo mucha información muy técnica de una industria con la que el jurado puede no estar familiarizado y la comunico de forma comprensible”.
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Casos notables
Pollack negoció en el caso de Assange un acuerdo de culpabilidad que permitió al periodista quedar en libertad.
Assange enfrentó cargos bajo la Ley de Espionaje de Estados Unidos por la divulgación masiva de documentos secretos estadounidenses por parte de WikiLeaks, incluyendo cables diplomáticos e informes de acciones militares en Irak y Afganistán.
Tras meses de negociaciones, se declaró culpable de un solo cargo de conspiración para obtener y divulgar información clasificada de defensa.
A cambio, Assange, quien pasó cinco años en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en Londres y siete años refugiándose de las fuerzas del orden británicas y estadounidenses en la embajada de Ecuador en Reino Unido, fue condenado a una pena de prisión cumplida durante los años en los que Estados Unidos intentó extraditarlo.
El inusual acuerdo alcanzado por Pollack en 2024 le permitió a Assange salir de la prisión británica y prestar su declaración en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte antes de regresar a su país natal, Australia.
Entre otros casos prominentes, Pollack logró la absolución total de un exejecutivo de Enron Corp., Michael Krautz, por cargos de fraude criminal, uno de los dos únicos casos que resultaron en absoluciones en los numerosos procesos judiciales derivados del colapso de Enron.
También logró la libertad de personas que habían sido encarceladas indebidamente como Martin Tankleff, quien pasó 17 años en prisión tras ser acusado injustamente de asesinar a sus padres cuando era adolescente.
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“La captura de Maduro fue claramente ilegal”
Durante la comparecencia de Maduro en el tribunal federal de Manhattan, Pollack afirmó que anticipaba una extensa disputa legal sobre lo que denominó el “secuestro militar” de Maduro, lo que indica que la defensa argumentará que la operación realizada por Estados Unidos en Venezuela fue ilegal, según informó la agencia Reuters.
Alonso Gurmendi, experto en derecho internacional y profesor de la London School of Economics en Londres, dijo a BBC Mundo que, bajo el derecho internacional, la operación de captura de Maduro fue “claramente, absolutamente, incontrovertidamente ilegal”.
El derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza transfronteriza entre los Estados salvo en tres situaciones, explicó.
“La situación número uno: el Consejo de Seguridad te dio permiso, pero eso no ha sucedido. Situación número dos: el Estado te ha atacado primero y tú te estás defendiendo. Tampoco sucedió porque Venezuela no ha atacado a Estados Unidos en ninguna de las interpretaciones más extensivas que quieras de legítima defensa. No ha habido un ataque armado de Venezuela a los Estados Unidos. Y tercero: consentimiento del Estado. O sea, Venezuela le tendría que haber dicho a Estados Unidos: ‘puedes entrar y llevarte a Maduro’, algo que tampoco ha ocurrido”.
“Ninguno de los tres permisos se cumple, por lo que la operación es un acto ilegal bajo el Derecho internacional, constituye un acto de agresión y al ser un acto de agresión, vulnera los derechos fundamentales de las personas involucradas. En este caso, Maduro”, agregó Gurmendi.
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William Shabas señaló a BBC Mundo que “la cuestión de la ilegalidad del secuestro de Maduro es un argumento muy legítimo”.
“Hay algunos ejemplos en otros países; uno de los más famosos fue el de Adolf Eichmann en 1960, cuando fue secuestrado en Argentina y llevado a Israel. El tribunal allí desestimó el argumento. Pero hay ejemplos donde se ha aceptado, por ejemplo, en Reino Unido”.
Shabas señala que “en esencia, el argumento es que secuestrar a personas de esta manera y llevarlas a los tribunales es un abuso del sistema judicial. Desde el punto de vista de los derechos humanos fundamentales es un argumento muy bueno, pero probablemente no va a tener mucho éxito en los tribunales estadounidenses”.
Gurmendi explica que, a diferencia de los sistemas de derecho en América Latina, “el ser capturado en forma contraria a la ley no vicia el proceso en Estados Unidos”.
“Pero para nuestra mente latinoamericana eso no tiene sentido porque capturar ilegalmente quiere decir que vicias la jurisdicción del tribunal y yo diría también bajo el derecho internacional. Porque hay tratados de extradición para eso. El derecho internacional no parte de la premisa de que tú puedes entrar a un país y hacer lo que te da la gana”.
Esto apunta, según Gurmendi, a algo fundamental que debemos tener en cuenta.
“A pesar de que la Constitución de Estados Unidos dice que los tratados internacionales (y la ley federal) son la norma suprema de la nación, ‘the supreme law of the land‘, en la tradición constitucional estadounidense el derecho doméstico prima sobre el derecho internacional”.
“Cuando hablamos de la legalidad de la operación, van a preguntarse en Estados Unidos si el presidente tiene el poder bajo la Constitución de hacer esto y discutir, por ejemplo, si Trump necesitaba autorización del Congreso o no”.
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El argumento de la inmunidad de jefes de Estado
Otra posible defensa de Maduro es que, como jefe de Estado, goza de inmunidad.
“Creo que es un argumento con mucho más potencial, porque esto es muy claro en el derecho internacional”, explicó Shabas.
“Hay una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que establece que el jefe de un país, de un Estado o de un gobierno, goza de inmunidad ante los tribunales de otro país”.
Existe un precedente en el que Estados Unidos capturó al líder de un país en Latinoamérica, el general panameño Manuel Noriega, en enero de 1990.
Al ordenar la destitución de Noriega, la Casa Blanca se basó en una opinión legal de 1989 del entonces fiscal general adjunto Bill Barr, emitida seis meses antes de la invasión de EE.UU. a Panamá. Dicha opinión establecía que la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, establecida en la Carta de las Naciones Unidas, no impide a Estados Unidos llevar a cabo detenciones forzosas en el extranjero para hacer cumplir las leyes nacionales.
Noriega era líder de facto de Panamá en ese entonces y nunca ocupó el cargo formal de presidente. El país estaba entonces convulsionado por protestas y un intento de rebelión militar.
El caso de Noriega “es el único precedente que creo que la fiscalía puede señalar”, agrega Shabas.
“Pero creo que hay algunas diferencias importantes entre ese caso y la situación de Maduro. Y por lo tanto, creo que Maduro tiene un argumento mucho más sólido en ese sentido”.
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Algunos analistas señalan que es probable que Estados Unidos argumente que no reconocía a Maduro como jefe de Estado legítimo. Washington declaró en 2019 al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino.
Pero según Shabas, “la cuestión es que Estados Unidos reconoce a Venezuela. Y la pregunta entonces es simplemente: ¿quién es el jefe de Estado en Venezuela? Y si Maduro no lo era, ¿por qué lo secuestraron? Claramente, él era el jefe de Estado en un sentido objetivo, incluso si lo objetaron, si no les gustaba, si afirmaron que tomó el poder ilegítimamente. Después de todo, Donald Trump dijo que Joe Biden fue un jefe de Estado ilegítimo durante cuatro años porque afirmó haber ganado las elecciones. Así que esto no cambia nada desde la perspectiva del derecho internacional”.
Para Gurmendi, que Washington no reconozca a Maduro “no significa que no tenga el control efectivo del país y por lo tanto, bajo el derecho internacional, sea una persona que debe ser protegida por inmunidad”.
Para el experto, que el argumento de inmunidad no haya funcionado en el caso de Noriega indica nuevamente que “estamos en una realidad en donde hay dos sistemas normativos en conflicto, el derecho nacional de Estados Unidos y el derecho internacional”.
“En América Latina, por ejemplo, hay muchos países que dicen cuando hay un conflicto entre el derecho internacional y el derecho doméstico prima el internacional. Ese es el caso de Perú y de varios países en la región, pero no es el caso de Estados Unidos”.
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