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Celebrar públicamente la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de tropas de Estados Unidos, o respaldar los inéditos bombardeos de Washington, se ha convertido en lo más cercano a un delito en Venezuela.
El decreto de estado de conmoción exterior dictado por el gobierno venezolano ordena a las policías “emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos contra el territorio de la República”.
“(Los arrestados serán) puestos a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con miras a su juzgamiento”, se agrega en el artículo 5 del decreto, fechado el 3 de enero -y con la firma de Nicolás Maduro-, quien en la madrugada de ese día fue aprehendido por soldados estadounidenses en Caracas durante una serie de ataques aéreos contra posiciones gubernamentales y militares venezolanas.
La resolución, que también autoriza a las autoridades a restringir derechos como el de reunión, manifestación y libre tránsito durante 90 días —prorrogables por un periodo similar—, fue anunciada a fines de septiembre, poco después del inicio del despliegue naval de EE.UU. en el Caribe. Sin embargo, su contenido no se había hecho público hasta ahora.
Hasta el momento, se ha informado de dos detenciones por “celebrar el secuestro del presidente Maduro”.
Las aprehensiones se produjeron en Guaraque, un pequeño pueblo enclavado en Los Andes venezolanos, donde unos ciudadanos, de 64 y 65 años, respectivamente,”se encontraban gritando consignas en contra del gobierno (…) ofendiendo a vecinos militantes del PSUV (el partido de gobierno) e incitando a la violencia, además de efectuar detonaciones con arma de fuego”, publicó la policía regional en su cuenta de Instagram.
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Por su parte, organizaciones civiles como el Foro Penal Venezolano estaban “verificando informaciones sobre otras detenciones ocurridas en varias partes de Caracas”, aseguró uno de los directivos de esa agrupación a BBC Mundo.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que el lunes, “durante la jornada de instalación de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), fueron detenidos en Caracas 14 periodistas y trabajadores de la prensa: 13 de ellos de agencias y medios internacionales y uno de medios nacionales”.
No obstante, horas después, 13 de ellos fueron “liberados sin haber sido presentados ante los tribunales, y uno fue deportado”.
En San Antonio del Táchira, localidad fronteriza, el SNTP contabilizó que otros dos comunicadores extranjeros fueron retenidos, pero, tras horas “incomunicados, fueron liberados”.
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El motivo del silencio
Al contenido del decreto de estado de conmoción se han sumado las amenazas lanzadas por algunas autoridades.
“No permitiremos burlas celebrando el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Nos haremos respetar con la fuerza de la Constitución”, alertó el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, en un comunicado publicado en su página web.
“Ordené capturas, procedimiento policial para individuos que estén en esa situación. No vamos a permitir amenazas ni burlas por los ataques hechos a la Nación”, agregó el mandatario regional.
“La combinación entre el decreto, las amenazas de algunos funcionarios y lo ocurrido en el pasado reciente explican por qué no se han producido movilizaciones de calle, y la tensa calma que se respira”, afirmó un activista de derechos humanos, el cual pidió que se reservara su identidad.
La represión gubernamental a las protestas ocurridas tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor a Maduro sin presentar pruebas, se saldaron con más de 2.000 detenidos. A la mayoría se los acusó de delitos de terrorismo e instigación al odio.
En las últimas semanas, las autoridades no solo han seguido aprehendiendo a opositores y dirigentes sindicales, sino que también han aprobado leyes que castigan con hasta 20 años de cárcel a quienes respalden acciones como la confiscación de buques petroleros por parte de EE.UU.
El contenido del decreto ha disparado las alarmas entre los expertos en derechos humanos.
“La situación actual de gran volatilidad e incertidumbre que se vive en Venezuela tras la operación militar por parte de EEUU el 3 de enero -con la declaración de un estado de conmoción exterior por parte del gobierno, y por otro lado, la falta de claridad sobre cómo los EE.UU. pretenden “gestionar” el país- crea riesgos adicionales para la protección de los derechos humanos en el país y mi temor es que se puedan producir nuevas violaciones graves a los derechos humanos de las personas en general, y en particular, aquellas que puedan ser vistas como opositoras al gobierno”, afirmó a BBC Mundo Marta Valiñas, expresidenta de la Misión de la ONU para Venezuela.
“Las restricciones a las libertades de movimiento, de expresión, y de reunión y asociación, previstas en el decreto sobre el estado de conmoción exterior, y las órdenes a los órganos de policía para ‘la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de EE.UU.’ dan especial razón de preocupación”, remató.
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Más militarización y colectivos
En el artículo 2 del decreto también se autoriza al gobierno a ordenar la militarización de “la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y demás industrias básicas del Estado”.
“El personal de tales servicios o empresas quedará sometido temporalmente al régimen militar”, se agrega en la norma.
Por su parte, el artículo 11 “exhorta a toda la población, en cada rincón del país, (…) a asumir con firme fervor patriótico la defensa de nuestra nación”.
En las últimas horas han comenzado a aparecer en Caracas retenes no solo dirigidos por policías y militares, sino también por civiles armados, presuntos miembros de los colectivos (grupos paramilitares cercanos al gobierno).
El lunes, en vías rápidas como la autopista Francisco Fajardo —que atraviesa la capital venezolana de este a oeste— o la avenida Boyacá, a los pies de la montaña El Ávila, se observaron integrantes de los colectivos, según reportaron medios locales y ciudadanos en redes sociales.
El estado de conmoción exterior es uno de los cuatro estados de excepción o emergencia que prevé la legislación venezolana. A lo largo de sus 12 años en el poder, Maduro decretó entre 2016 y 2021 una treintena de estados de emergencia económica.
Sin embargo, esta es la primera vez que las autoridades venezolanas recurren a esta figura, la cual busca enfrentar un “conflicto exterior que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos o instituciones”, se lee en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción.
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