El alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, enfrenta prisión preventiva oficiosa acusado de secuestro agravado y delincuencia organizada, según determinó el juez federal de control en Almoloya de Juárez, Mario Elizondo Martínez.
Además, el comisario de Seguridad Municipal Juan Manuel “N” y el director de Catastro y Predial, Juan Gabriel “N”, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.
La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, para formular una estrategia jurídica antes que se les vincule a proceso.
Se les acusa del secuestro de dos candidatos de Morena
A Diego y Juan Gabriel se les imputó su posible participación en el delito de secuestro agravado por la privación de la libertad a Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez.
Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el alcalde ordenó la privación ilegal de la libertad y tortura de los dos candidatos de Morena para obligarlos a renunciar a la contienda electoral.
¿Cómo Diego Rivera secuestró a los candidatos de Morena en 2021?
De acuerdo con la carpeta de investigación, en marzo de 2021 Guillermo Cordero García, entonces precandidato de Morena a la presidencia municipal, fue citado en un restaurante de la carretera Internacional 604.
En el lugar, sujetos armados lo privaron de la libertad y lo trasladaron a un lote baldío, donde fue torturado para obligarlo a desistir de sus aspiraciones políticas.
Posteriormente, fue trasladado a un domicilio en la colonia Obrera 1, donde nuevamente fue golpeado y forzado a contactar a su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, quien también fue secuestrado y agredido.
Tras las agresiones, ambos firmaron su renuncia como precandidatos ante el Instituto Nacional Electoral y fueron liberados en la colonia Infonavit, lo que permitió que la candidatura quedara en manos de Diego Rivera Navarro.
Al presidente municipal también se le fincaron cargos por delincuencia organizada, de tal manera que se le imputan tres delitos.
La audiencia se repondrá el martes 10 de febrero para la vinculación a proceso de los tres imputados, y determinar el tiempo en prisión preventiva.
En el legajo del Ministerio Público se señala que el alcalde de Tequila habría encabezado una red de extorsión que afectaba tanto a pequeños y medianos comerciantes como a empresarios del sector tequilero, mediante el cobro de derecho de piso que iba desde 500 pesos hasta montos millonarios, bajo el argumento de que los recursos serían destinados a las arcas municipales.
Vínculo y relación con el CJNG
Al alcalde morenista se le acusa de coordinar a sus subordinados para cometer diversos delitos, y cumplir con la entrega de 40 millones de pesos anuales que pactó con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que le habría financiado su campaña a la presidencia municipal.
La carpeta de investigación refiere que el asesor del edil es el tesorero del Ayuntamiento, quien habría fungido como operador político y enlace con los grupos criminales regionales; actualmente se encuentra prófugo.
El alcalde tenía al comisario José Manuel, como el encargado de su brazo armado y quien realizaba secuestros, además, hacía el cobro de cuotas a comerciantes, empresarios y artesanos.
Se le identifica como enlace con el considerado operador del grupo delictivo, Severo Flores Mendoza, quien se identifica como “El Rey Mago”, aludido en expedientes judiciales y se le señala como hostigador de corporaciones policiales.
En las denuncias interpuestas contra Diego Rivera, se acusa al jefe de gabinete del Ayuntamiento de administrar los ingresos que el grupo criminal obtenía de los secuestros y extorsiones.
El expediente alude a otras personas como la esposa del presidente, al director de Padrón y Licencias, y a la directora de Recursos Humanos, como integrantes más de la red criminal, quienes huyeron y no se les ha localizado.
La indagatoria señala que el alcalde se presentaba con sus colaboradores y la policía municipal en negocios exigiendo dinero para dejarlos trabajar, tan solo a los comerciantes del centro histórico les exigía entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales, quienes no accedían a pagar eran secuestrados, algunos desaparecieron y se prevé que habrían sido asesinados.
