Cuando sube la violencia en América Latina, el modelo Bukele se vuelve un atajo retórico.
Por primera vez desde 1948, la reputación de Costa Rica como ejemplo de democracia sólida y estable en Latinoamérica ha sido puesta en entredicho. Nadie cuestiona la legitimidad del triunfo de Laura Fernández en la reciente elección presidencial; la incertidumbre se asoma al analizar sus posturas sobre una posible reforma constitucional y la adopción del modelo Bukele para combatir al crimen organizado.
Aunque la Constitución actual de Costa Rica prohíbe la reelección presidencial consecutiva, Fernández ha propuesto cambiar el texto constitucional para permitirla.
Esto, en un país cuya arquitectura democrática fue diseñada deliberadamente para impedir la concentración de poder y para establecer un equilibrio entre los distintos poderes de la unión, es un escándalo.
Lo que Fernández propone atenta contra la cultura democrática del país, su fortaleza institucional, la limpieza de sus elecciones, su sistemática alternancia en el poder, su libertad de prensa y su fuerte sistema institucional de frenos y contrapesos.
La iniciativa de Fernández fue formulada para facilitar la continuación en el poder de su mentor político, el actual presidente del país, Rodrigo Chaves. En América Latina, casi nunca se quedó en una sola reelección, y Costa Rica ha sido la excepción porque la ha impedido.
Sobre el tema de la criminalidad, aunque es un hecho incontrovertible que, impulsado por el narcotráfico, el crimen organizado ha crecido a partir de 2023, y que la ciberdelincuencia ha aumentado en el país al pasar de ser tránsito de droga a plataforma logística que controla el transporte, la logística y la distribución de mercancía a través de sus puertos, aeropuertos y carreteras, lo dudoso es que el método que aparentemente Fernández ha escogido para combatirlo funcione en su país.
Ella sugiere que la posible solución sería aplicar medidas de seguridad siguiendo el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, es decir, declarando estados de excepción en zonas conflictivas y construyendo una megacárcel inspirada en el CECOT, una prisión reconocida por su éxito reduciendo la criminalidad, por sus severas condiciones carcelarias y por sus notorias violaciones a los derechos humanos.
Desde que Bukele asumió la presidencia en 2019, la tasa de homicidios intencionales ha bajado de 38 por cada 100 mil a 7.8 en 2022, muy por debajo del promedio en América Latina del 16.4. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad han encarcelado aproximadamente a 75 mil personas. Uno de cada 45 adultos, no necesariamente criminales, está en prisión.
Aparte de las oprobiosas violaciones a los derechos humanos de los prisioneros, algo tan contrario a la identidad costarricense, el problema con esta propuesta es que, si bien El Salvador y Costa Rica están expuestos a dinámicas transnacionales de redes criminales de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero, mayormente mexicanas y colombianas, las características que definen a los criminales en ambos países son diametralmente opuestas.
En El Salvador, el crimen es comunitario e identitario y las “maras” ejercieron un control territorial explícito que aterraba a la población; en Costa Rica no hay pandillas que tengan control abierto de zonas urbanas y el ciudadano común rara vez enfrenta la violencia de los criminales.
En los barrios pobres de El Salvador las maras sustituyeron al Estado; en Costa Rica el crimen no desafía al Estado, es crimen de élite, invisible, logístico, económicamente sofisticado.
El miedo a los criminales, sin embargo, se extiende por todo el continente. Enfrentados a una criminalidad creciente, los gobiernos de Ecuador, Perú, Honduras, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Colombia han expresado su interés en estudiar o aplicar elementos del “modelo Bukele”.
Es una debilidad humana que, cuando sube la violencia, el modelo salvadoreño se vuelve un atajo retórico.
