México e Iraq son dos naciones que pelean por el primer lugar en número de desapariciones forzosas a nivel mundial. En su análisis de delitos de alto impacto la Presidente Claudia Sheinbaum no hace referencia al aumento en el número de personas que desaparecen día a día.
Perder a un familiar, no saber si vive o muere, si es víctima de trata de blancas, si es empleado por los sicarios del narco, si está sometido a torturas y sufrimiento, provoca una incertidumbre que acaba con la vida, la esperanza, la felicidad. Es un delito odioso, perturbador, más cruel que el homicidio, que afecta a miles de familias en México. Es una agonía interminable, un dolor que no deja cerrar un episodio.
Hay desaparecidos en varios países del mundo, Siria con más de 100 mil; la dictadura argentina con más de 5 mil, el golpe chileno de Pinochet, cuyas cifras son inciertas. Pero se trata de países con problemáticas específicas de guerra, golpes de Estado. Aquí supuestamente reina la paz. Es sórdido el problema y cada vez se descubren más y más fosas clandestinas por los grupos de buscadores, sin apoyo del gobierno y sin la capacidad de reconocer la identidad de los miles de cadáveres.
En México, el problema inició con la llamada “guerra sucia” en los sexenios de Díaz Ordaz y Echeverría. Con Zedillo se ventiló el caso de Antonio González Méndez y otras contra el gobierno, sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con Fox hubo una pausa y bajó el número de muertes violentas a 8 por cada cien mil habitantes, y aunque hay desaparecidos, el delito más común fue el secuestro. En esa época surgió la marcha blanca, en protesta por estos hechos. En esa época operaban cerca de seis cárteles e Isabel Miranda de Wallace denunció 500 casos de desapariciones. Santiago Creel, entonces Secretario de Gobernación, no aplicó mano dura contra la delincuencia y las cosas quedaron más o menos en una rara estabilidad.
Con Calderón, que enfrentó la resistencia de AMLO a su triunfo electoral, se decidió una nueva política de seguridad y se utilizó al ejército y fuerzas armadas para enfrentar al narcotráfico. Los homicidios dolosos subieron a 28 por cada cien mil habitantes. Hay menos secuestros, pero sube a 25 mil el número de desaparecidos.
En esa época, ex militares formaron el cartel de los zetas, que convivió con los cárteles del Golfo, de Sinaloa, los comienzos del CJNG, entre otros y se recrudeció la violencia. Por esa época el número de desaparecidos aumentó a 25 mil, según lista publicada por el Washington Post y que fue reconocida por nuestro país. Con Peña Nieto la política de seguridad no cambió y siguieron los enfrentamientos entre cárteles y fuerzas armadas.
Desde 1980 la ONU envió a México al Comité contra la Desaparición Forzada, grupo de trabajo que buscaba ayudar al gobierno a atacar este problema. Se hicieron recomendaciones que no tuvieron seguimiento. Para 2011 regresó otro grupo de trabajo para ayudar en la evaluación del problema y su prevención. Se volvieron a emitir recomendaciones. En general, se sugería no usar al ejército para temas de seguridad pública, pues las desapariciones no solo provenían del crimen organizado, y empezó a darse la aquiescencia del gobierno en muchos casos. Incluso se habló de hechos cometidos por las propias fuerzas armadas.
Peña logró bajar los índices de homicidios de 28, con Calderón, a 17 por cada 100 mil habitantes, pero en 2014 los hechos de los desaparecidos en Ayotzinapa pusieron de nuevo el foco rojo sobre México, y aumentaron nuevamente homicidios y desapariciones. La versión oficial no fue aceptada por grupos de izquierda y se inició una campaña de desprestigio contra el gobierno federal que persiste hasta nuestros días.
Si bien AMLO en su campaña se pronunció contra la militarización de la seguridad pública, lo cierto es que actuó en forma contraria. Creó una Guardia Nacional militarizada, aunque formalmente con mando civil, y se recrudecieron los delitos de alto impacto. Su política de abrazos no balazos, que supuestamente iría a las causas de drogadicción y reclutamiento de jóvenes sicarios, se convirtió en una política de impunidad y se sumaron 50 mil desaparecidos más en su periodo.
En 2021, Carla Quintanilla invitó al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU a visitar México para retomar diagnósticos pasados, realizar evaluaciones y recomendaciones al gobierno mexicano. Este Comité emitió un informe lapidario contra las desapariciones, señalando que son generalizadas, forzadas, con aquiescencia del gobierno, que existe una gran impunidad casi absoluta y que desde esa perspectiva hay que cambiar la política de seguridad, pero ésta se mantiene. Ya llegan a 120 mil desapariciones reportadas.
Con Claudia Sheinbaum Pardo se hizo constitucional la militarización de la Guardia Nacional, dependiente de SEDENA y se registra una baja de homicidios, pero la lista de desaparecidos sube a 133 mil personas. ONU pide al gobierno mexicano que responda a sus recomendaciones, pero se contesta vía medios que cómo la ONU se atreve a emitir recomendaciones sin conocer el diagnóstico.
El Comité, en 2025, pidió entonces aplicar el artículo 34 para obligar al país a atender la situación ya que se ha ignorado un problema humano de grandes dimensiones. Pese a quejas, finalmente el gobierno mexicano contesta a la ONU con un documento que no se hace público. Por esas fechas grupos académicos, de buscadoras, activistas, y de la sociedad civil publican un documento en el que respaldan el uso del art. 34, se pronuncian contra el Senado por negar que las desapariciones se den en forma generalizada, sistemática, y con aquiescencia del gobierno, y piden que éste asuma su responsabilidad. Solicitan se lleve el caso a la Asamblea General de las Naciones Unidas para atacar la crisis humanitaria.
El gobierno mexicano señala que es el crimen organizado el responsable de las desapariciones forzosas. Puede ser en gran parte cierto. Recordemos el caso del Rancho Izaguirre, en Jalisco. Los grupos de buscadoras llegaron y encontraron a plena vista artículos, ropa, utensilios, uniformes de lo que al parecer fue un centro de reclutamiento y desaparición. Solo dos meses antes la Guardia Nacional había informado de una visita a ese domicilio sin levantar reporte alguno de lo que ahí podía estar ocurriendo. Por eso se habla de la aquiescencia del gobierno. Luego vino el caso de La Barredora en Tabasco, donde ya se registraban denuncias de desapariciones. Resultó que era el propio gobierno tabasqueño el que operaba este cártel en el Estado. Por eso se habla de complicidades.
Hay 72 mil cuerpos en distintos centros forenses de personas no identificadas, no existen los elementos para poder hacerlo. Ya llegamos a otros 133 mil desaparecidos. La reclasificación de los delitos dolosos puede ser cuestionable, pero en definitiva el sacar de la lista a las desapariciones no es una solución ni un avance para combatir este problema. Las cifras son personas a las que sus familiares buscan con amor, con desesperación, con impotencia, pero no cesarán hasta tener una respuesta. El gobierno mexicano debe actuar en este frente para hacer posible la paz.
