El gobierno de Estados Unidos podría hacer ajustes operativos en la manera en que se aplican los aranceles al acero y al aluminio, ante las crecientes dificultades administrativas que enfrentan las empresas para cumplir con el cálculo de las cuotas, particularmente en el caso de los productos derivados.
El representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, adelantó que Washington evalúa modificar ciertos aspectos de la implementación de los gravámenes, sin que ello implique un cambio de fondo en la política arancelaria impulsada por la Casa Blanca.
“En algunos casos puede ser necesario ajustar la forma en que se aplican algunos aranceles por razones de cumplimiento”, señaló Greer en una entrevista con CNBC, realizada después de que el Financial Times reportara que la administración estadounidense analiza reducir el alcance de algunas tarifas al acero y al aluminio.
El funcionario reconoció que la complejidad del esquema actual de aranceles ha generado costos adicionales para las compañías importadoras.
“Hemos escuchado historias de empresas que han tenido que contratar personal adicional solo para temas de cumplimiento. No estamos tratando de que la gente haga tanto conteo minucioso que deje de administrar correctamente su empresa”, afirmó.
Actualmente, el gobierno de Donald Trump aplica aranceles de 50 por ciento a las importaciones de acero y aluminio. Además, amplió la lista de productos derivados sujetos a estas tarifas, incluyendo refrigeradores, lavadoras y otros bienes, cuyo impuesto se calcula con base en el valor del contenido de acero incorporado en cada artículo.
Greer defendió la efectividad de la política comercial de la actual administración y dejó claro que los aranceles no están en revisión desde el punto de vista estratégico. “Los aranceles del presidente al acero y al aluminio han sido muy exitosos: se está enviando más acero que nunca, se han abierto nuevas líneas de producción y se han anunciado nuevas fundiciones de aluminio”, sostuvo. “Claramente van en la dirección correcta y van a permanecer”.
En paralelo, el funcionario se refirió a la incertidumbre jurídica que rodea a otros gravámenes impuestos por la administración Trump, particularmente aquellos establecidos bajo la ley de emergencia. La Suprema Corte de Estados Unidos analiza actualmente la legalidad del uso de facultades extraordinarias para imponer aranceles “recíprocos” y otras medidas comerciales a socios de Estados Unidos.
“Tenemos una clara separación de poderes y nunca se puede estar seguro de cuándo se emitirá una opinión. El 20 de febrero es la siguiente fecha designada, pero ya hemos escuchado a jueces decir que estas decisiones toman tiempo”, explicó.
Presión interna
Jorge Molina, consultor en Comercio Global, sostuvo que lo dicho por Greer confirma que “las ‘negociaciones’ de México para reducir estos aranceles no han funcionado”.
El especialista explicó que, dado que el presidente Trump insiste en mantener los aranceles sin modificaciones sustanciales, el margen de maniobra estaría en la parte operativa. “Trump insiste en mantener los aranceles sin ningún cambio; lo que pueden hacer es cambiar o ajustar la manera de calcularlos”, apuntó.
A su juicio, la presión política interna también juega un papel relevante. Recordó que la dificultad para calcular los aranceles “viene desde el año pasado”, pero ahora se combina con “la caída en la popularidad en las encuestas, el aumento en los costos de producción e inflación y el inicio de las primarias para el Congreso en marzo, con todo para que los republicanos pierdan al menos la Cámara”, lo que obligaría a la administración a tomar alguna acción correctiva.
Emilio Arteaga, socio de Comercio Exterior de VTZ Abogados, recordó que México está sujeto a un arancel de 25 por ciento en acero y aluminio bajo las medidas de la Sección 232, lo cual ya impactó en las exportaciones del país.
“México está sujeto a un arancel del 25 por ciento para temas del acero y aluminio por las medidas del 232 y, curiosamente, las exportaciones de México a los EU también han caído precisamente por esas medidas”, afirmó.
Arteaga coincidió en que el principal problema ha sido la metodología para determinar el contenido de acero en productos terminados. “Ha habido problemas en cuanto al cálculo del contenido del acero y ha habido empresas que han tenido que contratar a más gente”, señaló.
Incluso, agregó el experto, existen importadores en EU que están impugnando la forma en que las autoridades aduaneras determinan dicho contenido y “parece que van bien”, lo que podría acelerar cambios regulatorios.
Con información de Bloomberg.
