Una presunta red de contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal, habría operado al interior de la Secretaría de Marina (Semar) con la participación de al menos 34 marinos, de acuerdo con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
La trama salió a la luz tras la difusión de un audio, obtenido por los reporteros de Aristegui Noticias, en el que supuestamente el contralmirante Fernando Guerrero Alcántar denunció ante el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, una red criminal vinculada ligada al huachicol fiscal.
En la grabación se escucha al contralmirante señalar directamente a sobrinos políticos del almirante Ojeda como parte de la estructura. El secretario le habría pedido presentar la denuncia por escrito.
Aunque la Marina aseguró no haber encontrado irregularidades en sus investigaciones, la Fiscalía mantiene abierta una causa penal derivada de las acusaciones de Guerrero Alcántar, quien fue asesinado en noviembre de 2024.
El entonces fiscal Alejandro Gertz Manero confirmó que en 2023 Ojeda le comentó sobre posibles actos de corrupción en la institución, mismos que fueron investigados sin que, según su versión, se hallaran pruebas del contrabando de combustible.
¿Qué sabemos de los 34 marinos involucrados en el huachicol fiscal?
La red de protección comenzó a consolidarse cuando Manuel Roberto Farías Laguna y su tía, Sandra Luz Laguna, esposa de Ojedam impulsaron el nombramiento del almirante José Luis Arellano Ruiz como subsecretario, de acuerdo con la columna “Los 34 marineros” del periodista Raymundo Riva Palacio.
Arellano Ruiz habría recibido la encomienda de establecer vínculos con políticos y empresarios, e incluso acercarlos a la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum, con el propósito de ofrecer financiamiento de campaña a cambio de mantener en el cargo al secretario.
Según los informes, el subsecretario no operaba solo. En total, 34 oficiales habrían trabajado en la red, con presencia en aduanas estratégicas como Altamira, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
Entre los principales operadores se menciona al capitán de corbeta Miguel Solano, encargado de recolectar recursos en las aduanas y concentrarlos en la Ciudad de México para posteriormente distribuirlos entre los mandos implicados.
El capitán Clímaco Aldape Utrera realizaba los trámites, legales e ilegales, para evitar que los sobrinos políticos negociaran directamente con representantes del crimen organizado.
La relación directa con grupos criminales recaía en el teniente de navío Octavio Sánchez Alatorre, comisionado en Guaymas. Desde ahí, presuntamente facilitaba el trasiego de drogas por puertos en Baja California, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, pactando con distintos cárteles, particularmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El vicealmirante Miguel Rivas Hernández habría movilizado unidades especiales de la Marina para brindar protección a grupos delictivos. Tmbién está Joaquín Cruz Ballado, hermano del almirante Jorge Luis Cruz Ballado, por facilitar el trasiego de drogas a través de aduanas.
Otro nombre mencionado es el del almirante Raúl Pérez Vázquez, considerado como posible relevo de Ojeda, quien habría apoyado en la integración de los primeros administradores de aduanas vinculados a la red.
El vicealmirante Benito Armando Galeana Abarca presuntamente protegía a administradores de aduanas y a funcionarios de Hacienda donde operaban los sobrinos políticos.
El contralmirante Martín Francisco Mouton, entonces director de Construcciones Navales, autorizaba licitaciones a empresas vinculadas con el grupo. Desde el Estado Mayor, el contralmirante Ibrahim Manuel Maja Castro habría intervenido en asignaciones, agregadurías, ascensos y cambios de adscripción.
Además, los Farías Laguna habrían infiltrado mandos en la Unidad Naval de Inteligencia, como los contralmirantes Gabriel Guzmán Comparán y César Mora Arenas, quienes presuntamente investigaban a civiles y militares sin conocimiento del jefe del área.
¿Cuánto habrían cobrado los marinos por el huachicol fiscal?
Todos los mandos al servicio de los Farías Laguna, según reportes, recibían compensaciones mensuales.
Por ejemplo, el contralmirante Marco Antonio Bandala, administrador en Manzanillo, habría recibido ocho millones de pesos mensuales por facilitar el ingreso de mercancías.
En tanto, el contralmirante Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba, cuando estuvo al frente de la aduana de la Ciudad de México, habría percibido cinco millones de pesos.
La recaudación total de la red superaría los 50 millones de pesos semanales, reflejando el esquema de corrupción del huachicol fiscal.
