Para el desarrollo de infraestructura en México, la 89 Convención Bancaria puede convertirse en un punto de inflexión en la relación entre los sectores público y privado. Las condiciones están alineadas para detonar un nuevo ciclo de inversión en proyectos productivos.
El contexto es claro. Desde su campaña, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la importancia de fortalecer carreteras, hospitales y puertos como base de un crecimiento con prosperidad compartida. A lo largo de 2025, esta visión se tradujo en instrumentos concretos: el Plan México, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026–2030 y programas sectoriales en electricidad y carreteras.
En la antesala de la Convención, el Gobierno Federal envió al Congreso la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. Más allá de sus detalles, la iniciativa apunta a definir con claridad el papel del sector privado en el financiamiento de infraestructura. La inversión, en última instancia, descansa en dos principios fundamentales: reglas claras y certidumbre jurídica que proteja al inversionista ante cambios en el marco normativo.
En su intervención, la presidenta delineó con mayor claridad los ejes operativos para traducir esta visión en crecimiento con prosperidad compartida. Subrayó el desarrollo de nuevos esquemas de inversión pública y mixta, incluyendo una expansión relevante de la inversión carretera en coordinación con Banobras y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como la modernización de la banca de desarrollo —particularmente de Nacional Financiera— para impulsar el crédito y la innovación. A ello se suma una apuesta por la digitalización, el fortalecimiento de cadenas productivas y la creación de incentivos a la inversión. En este contexto, destaca un anuncio con implicaciones estructurales: avanzar hacia la obligatoriedad de pagos digitales en combustibles y casetas, una medida que articula infraestructura y digitalización y que podría transformar la eficiencia operativa y la formalización económica.
En la misma línea, el Secretario de Hacienda, Edgar Amador, enfatizó que la estabilidad macroeconómica es condición habilitadora para detonar la inversión. Señaló que, hacia el periodo 2026–2030, la inversión pública y mixta podría superar los cinco billones de pesos en sectores estratégicos como energía, transporte, agua, salud y educación, con un enfoque en el papel catalítico de la inversión pública como detonador de capital privado. Solamente para 2026 la inversión adicional que se prevé es de 2% del PIB, un aumento significativo. Por su parte, la Subsecretaria Maricarmen Bonilla complementó esta visión en el panel de infraestructura al detallar elementos de la nueva Ley, particularmente el rol de su Consejo de Planeación y los mecanismos diseñados para distribuir riesgos entre el sector público y privado.
Está sobre la mesa, entonces, un programa ambicioso de inversión sexenal en infraestructura. Pero lo relevante no es solo la magnitud, sino la definición del esquema. Durante los últimos años, la ausencia de claridad sobre el papel del sector privado generó un compás de espera que retrasó proyectos clave en sectores como carreteras, agua y generación eléctrica. La Convención Bancaria sugiere un punto de inflexión: hoy coinciden voluntad política, disponibilidad de capital y un andamiaje jurídico que busca reducir la incertidumbre. De sostenerse, esta convergencia podría reactivar la ejecución de proyectos productivos a escala. Esa es, en esencia, la señal más relevante
