La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada mayoritariamente por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, reformó el miércoles la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, que es la representante legal del Estado y que a partir de ahora pasará a administrar el patrimonio y los bienes de las alcaldías municipales despojando a los alcaldes de todo poder de decisión económica.
“Todo el patrimonio, bienes muebles e inmuebles, derechos, activos y demás recursos que, a la fecha pertenezcan a la Carrera Administrativa Municipal y a la Dirección General de Carrera Administrativa Municipal, se considerarán propiedad del Estado y serán administrados por la Procuraduría General de Justicia”, señala el artículo cinco del texto reformado y aprobado por unanimidad por los diputados nicaragüenses.
Según la exposición de motivos de la reforma legal, el objetivo es “fortalecer las funciones de la Procuraduría General de Justicia para garantizar la eficiencia y eficacia de la administración municipal en el ejercicio de sus competencias” dejando entrever que la autonomía municipal y la gestión descentralizada es un obstáculo para el buen funcionamiento del Estado.
Por ahora se desconoce qué cantidad exacta de bienes municipales serán afectados por esta transmisión de patrimonio hacia el Gobierno central, pero lo que si está claro es que ahora el Ejecutivo controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo tendrá fácilmente a su disposición un amplio inventario de propiedades a nivel nacional.
El gobernante Frente Sandinista que en el pasado fue impulsor de la autonomía municipal, para asegurarse cuotas de poder político y económico cuando estaba en la oposición, ahora termina de destruir ese mecanismo de descentralización que buscaba evitar la concentración de poder.
Desde 2007, el régimen Ortega Murillo ha erosionado la autonomía municipal, convirtiendo a las alcaldías en estructuras dependientes del Gobierno central.
Un análisis de las elecciones municipales del año 2022 indica que los gobiernos locales han perdido su capacidad de autogestión y que a pesar de que las leyes nicaragüenses reconocen la autonomía municipal, en la práctica, el régimen ha sometido a estas instituciones a sus designios.
“El régimen autoritario bajo el que se encuentra Nicaragua ha socavado la autonomía municipal, limitando el ejercicio de poder de las autoridades locales y promoviendo el abuso, arbitrariedad y discrecionalidad en la toma de decisiones. De esta manera, se ha aniquilado el poder local democrático para dar paso al surgimiento de un poder local autoritario de facto” señaló el informe suscrito por Olga Valle, directora del Observatorio Ciudadano Electoral Urnas Abiertas.
También es importante recordar, que el régimen Ortega Murillo despojó a la oposición de las pocas alcaldías que controlaban tras ganarlas en las elecciones municipales de 2017. Primero se suprimió la personería jurídica del partido opositor Ciudadanos por la Libertad en 2021 y luego, en julio de 2022, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) ocupó las instalaciones de las alcaldías de Santa María de Pantasma, El Cuá, San Sebastián de Yalí, El Almendro y Murra, todas ubicadas en el norte del país.
Una nueva arquitectura de concentración de poder
El último impulso centralizador del régimen Ortega Murillo tiene lugar con la reforma a la Constitución Política de agosto del año pasado, cuando el Gobierno sandinista concentró en la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua (antes Procuraduría General de la República) tanto la representación de los intereses del Estado como la facultad de perseguir y castigar los delitos, una función que hasta ese entonces le correspondía al Ministerio Público.
Ahora, con la reforma a su ley orgánica, la “super” Procuraduría a cargo desde 2019 de Wendy Carolina Morales Urbina también se convierte en un poderoso ente de gestión patrimonial al servicio de la familia Ortega-Murillo.
Un año antes de su nombramiento, en agosto de 2024, Morales Urbina fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por “ser cómplice de la opresión del régimen”. En 2023, acusada de expropiar bienes de los oponentes políticos, fue incluida por Washington en una lista de “actores corruptos y antidemocráticos” de los países centroamericanos, conocida como Lista Engel.
“La procuradora general de Nicaragua, en colaboración con el régimen Ortega-Murillo, ha explotado su posición para facilitar una campaña coordinada de supresión de la oposición al expropiar propiedades de oponentes políticos del gobierno sin una base legal”, dijo el entonces subsecretario de inteligencia financiera y antiterrorismo del Departamento del Tesoro, Brian Nelson.
Esta última reforma representa un avance más hacia la concentración total del poder en Nicaragua, sobre todo en la gestión de millones de dólares en propiedades que antes eran patrimonio municipal y eran gestionados a nivel local.
