La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda para introducir a alguien a la Lista de Personas Bloqueadas, sin orden judicial, cuando haya sospechosa de actividad ilícita como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Por mayoría de seis votos a tres, ministras y ministros determinaron que dicha facultad no atenta contra el derecho a la propiedad, presunción de inocencia, derecho de audiencia, debido proceso, seguridad y certeza jurídica, como alegó una minoría de legisladores de oposición del Congreso de la Unión.
Legisladores están en contra de bloquear cuentas sin orden judicial
Dichos legisladores promovieron la acción de inconstitucionalidad 58/2022 contra el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, reformada en 2022.
Los legisladores quejosos agregaron que la reforma, aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso, es imprecisa, vaga y ambigua, además de que abre espacio a la discrecionalidad y la arbitrariedad.
Consideran que en México el bloqueo de cuentas bancarias opera como consecuencia de un tema penal, porque se activa con la presunción de un delito, por lo que la facultad de la UIF invade la competencia del Ministerio Público.
Ministros defienden nueva facultad de la UIF
No obstante, los ministros Loretta Ortiz, Hugo Aguilar, Lenia Batres, Irving Espinosa, Sara Irene Herrerías y Estela Ríos consideraron como infundados los argumentos de los legisladores.
A propuesta de la ministra Ortiz, señalaron que esa facultad tiene un carácter administrativo y preventivo, sujeto a controles, y no prejuzga una posible responsabilidad penal de las personas cuyas cuentas son bloqueadas.
Además de que sí garantiza el derecho de defensa y de audiencia, da la posibilidad de ofrecer pruebas, y obliga a la UIF a emitir una resolución fundada y motivada, la cual es impugnable ante tribunales.
La sentencia, dijeron, será clara de que los “indicios suficientes” de los que habla la ley, tengan elementos objetivos y parámetros verificables y revisables “para que no sea posible que con cualquier actitud, acción o notificación, hasta de mala fe, se llegue al bloqueo de cuentas”.
En contra votaron la ministra Yasmín Esquivel, Giovanni Espinosa y Arístides Guerrero, quienes dijeron que no están a favor de la impunidad, sino contra una facultad que no es compatible con el orden constitucional.
La ministra Esquivel, acusó que se trata de una “una medida grave” que derivaría en “un acto autoritario” que podría generar “una vulneración al derecho de propiedad”. Pidió no sacrificar el principio de seguridad jurídica “bajo la idea de que el fin justifica los medios”.
