Con su invitación a que se discuta la posibilidad de explotar reservas de gas mediante fracturación hidráulica, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado una decisión muy valiente. Más que una discusión, se ha echado a cuestas un enorme compromiso nacional.
Lo que no se sabe es si la mandataria está lista para un debate que vaya más allá de lo ideológico, que trascienda lo que de momento parece solo, o fundamentalmente, algo que implica, a los obradoristas, meramente un tema de cambio de paradigma ideológico.
Aquí la pregunta no es si a Claudia las huestes ultras del morenismo le van a tolerar el viraje de 180 grados en el fracking. La verdadera cuestión es si está preparada en el escenario que importa: demostrar que operativamente su administración puede con lo que implicaría ese cambio.
Si sí, su gobierno podría dejar un gran legado. De lo contrario, este sexenio heredaría el gran lastre de una oportunidad perdida cuando más importante resultaba capturar una coyuntura para reducir la dependencia de México con respecto al gas de Estados Unidos.
Dicho de otra forma, y en palabras de Pablo Zárate, socio de FTI Consulting, con quien ayer hablé sobre el tema, “la presidenta está abriendo una puerta, no –o aún no– lanzando un proyecto”. Esto, per se, no es malo, pero debe entenderse en dónde estamos parados.
Porque, tras el anuncio del miércoles del gabinete de Energía en la mañanera, explica Zárate, es obligado señalar que “tener una discusión en lo político y en lo ambiental, sin que ésta interactúe con una sobre necesidades de inversión y contractuales, es una idea incompleta”.
En otras palabras, tiene todo el sentido del mundo que México explore sus reservas en lutitas para que parte del gas se produzca aquí: eventualmente implica inversiones, empleos, oportunidades mexicanas. Y bajar la dependencia con respecto a Estados Unidos.
Es obligado cuestionar si Pemex y Hacienda tienen los miles de millones de dólares necesarios para esta exploración. O si el gobierno de la presidenta posee la voluntad de abrirle el margen a los privados, con expertise, para que asuman decisiones operativas significativas. Y de no estorbar burocráticamente.
Zárate explica que “desarrollar la industria de gas shale es súper difícil, pregunten a los texanos, a los argentinos; asumir que solo es cuestión de tener una discusión política, es algo bastante lejano a la realidad”.
Para Zárate, “sería obligado aprender de las mejores prácticas, de Texas, claro, pero también de Argentina, donde después de mucha, mucha inversión YPF, en asociaciones con Chevron y Dow y otros, y luego los petroleros independientes y las petroleras internacionales, tras miles de millones de dólares, lograron producir”.
Estar junto, y tener acceso, al gas estadounidense barato obligaría al país a ser muy competitivo. Intentarlo sin repensar la camisa de fuerza de 54 por ciento que pretende el gobierno en todos los proyectos de energía, podría hacer que las iniciativas no lleguen ni a primera base.
“Qué bueno que abrimos la puerta, que haya ese debate”, concluye Zárate.
Por todo lo anterior, no se puede escatimar el paso que ha dado la presidenta Sheinbaum. No solo ha tocado un nervio fundacional de su movimiento, sino que se ha comprometido a que, ganando ese debate, su gobierno sabrá crear condiciones para ganar soberanía energética.
Pero si, ganando el debate, con el gran costo político que implicará, luego no puede echar a andar el proyecto, a diferencia de lo que ha vivido con el plan A y el B electorales, acá no va a ser un ridículo, va a ser un enorme fracaso. Y no solo para el gobierno, sino para el país.
