Hace unos días, mientras se refería a la ofensiva de la administración Trump contra el fraude al Medicaid y Medicare, seguros médicos pagados por el gobierno federal para personas de bajos ingresos y para los jubilados, el Dr. Mehmet Oz, una autoridad y celebridad televisiva en Estados Unidos sobre asuntos de salud, y actual administrador de esos servicios, hizo en un programa noticioso de la cadena Fox esta declaración:
“Casualmente estoy ahora mismo en el sur de Florida. Aquí hay el doble de proveedores de equipos médicos duraderos que restaurantes McDonald’s (…) Tenemos un fraude rampante aquí, y creemos que el gobierno cubano podría estar involucrado en este esfuerzo”.
Equipos médicos duraderos son, entre otros, las sillas de ruedas (manuales o eléctricas), andadores, bastones, muletas, balones de oxígeno, e incluso prótesis para extremidades, férulas y soportes. Otros, también cubiertos por Medicare, son más costosos, como las máquinas para diálisis en el hogar (hasta $50.000), sillas de ruedas y otros vehículos motorizados (hasta $30.000); camas tipo hospital (hasta $30.000). salvaescaleras (hasta $15.000) y bombas de insulina para diabéticos (hasta $7.000).
Unos días después de los comentarios de Dr. Oz, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., volvió sobre el tema durante una entrevista en el programa de radio de tendencia conservadora conducido por Clay Travis y Buck Sexton: “En el sur de la Florida, por ejemplo, donde están ustedes, hay todo un racket dirigido por el gobierno cubano de equipos médicos duraderos“.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba se apresuró a calificar las declaraciones de Oz y Kennedy sobre la conexión cubana como una “calumnia promovida por sectores anticubanos” en ese país y una especulación sin pruebas, subrayado que los funcionarios estadounidenses que sostienen esas acusaciones “faltan conscientemente a la verdad”. Aseguró asimismo que Cuba ha procesado a personas radicadas en su territorio vinculadas a fraudes contra el Medicare.
“Todo un racket dirigido por el gobierno cubano…”
Un racket es un esquema o actividad organizada ilegal diseñada para ganar dinero. A menudo implica conductas delictivas reiteradas —como extorsión, soborno, coacción, lavado de dinero, explotación o fraude— llevadas a cabo por individuos o grupos que pueden operar como una empresa, pero dependiendo de métodos ilegales. Esta actividad llamada racketeering suele ser el modus operandi del crimen organizado
En Estados Unidos el racketeering se procesa principalmente bajo la Ley RICO o Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado. Promulgada en 1970, RICO permite a los fiscales atacar no solo delitos individuales, sino empresas criminales enteras, ya sean familias del crimen organizado tradicional o negocios legítimos implicados en actividades ilegales en curso. La ley también prevé sentencias severas, incluyendo largas penas de prisión, confiscación de bienes y demandas civiles por parte de víctimas que buscan compensación por daños y perjuicios.
El uso inicial de RICO se centró en desmantelar organizaciones mafiosas. Procesos como el seguido contra John Gotti ayudaron a debilitar el crimen organizado en Nueva York, pero desde entonces la aplicación de RICO se ha ampliado para incluir fraudes corporativos, corrupción política, actividad de bandas e incluso casos relacionados con esquemas de fraude sanitario, como los que se cometen contra Medicare.
La tubería criminal cubana es historia antigua
Las declaraciones de Dr. Oz y RFK Jr. tienen la novedad de poner a muy alto nivel el dedo en la llaga de la involucración del régimen de Cuba en estas ilegales prácticas lucrativas que tienen demasiadas características del crimen organizado como para ser algo aleatorio.
Cuando La Habana afirma que todo es una especulación sin pruebas, está subestimando a la comunidad de inteligencia y contrainteligencia estadounidense y al Departamento de Justicia, el mismo que compiló un sólido expediente contra el jefe del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro.
Estas declaraciones de los funcionarios de salud de la administración Trump no surgen de la nada.
La proliferación del fraude multimillonario al Medicare y otros rackets delictivos entre individuos y bandas criminales cubanas, no es nueva ni para los cubanos residentes en el sur de la Florida que han escuchado las historias de boca en boca; ni para las autoridades policiales y jurídicas que han procesado minuciosamente los casos que podrían armar este rompecabezas; ni para los periodistas que, como yo, redactamos nota tras nota ─en mi caso para Martí Noticias─ sobre las vergonzosas actividades de estas ovejas negras de una comunidad cubanoamericana mayoritariamente próspera y respetuosa de la ley; y es especialmente historia antigua para el diario Sun Sentinel, que en 2015 publicó en una serie de tres reportajes los resultados de un año de investigaciones bajo el título “Plundering America: The Cuban Criminal Pipeline” (Saqueando a Estados Unidos: la tubería criminal cubana)
El trabajo del Sentinel incluyó análisis de expedientes judiciales, datos federales, informes policiales y trabajo de terreno en Cuba. He aquí un resumen apretado del enfoque y los hallazgos de la investigación:
Las políticas de inmigración de Estados Unidos —principalmente la Ley de Ajuste Cubano de 1966— crearon vías no intencionales para que nacionales cubanos sin un chequeo profundo de antecedentes entraran al país, cometieran delitos económicos a gran escala, enviaran las ganancias de regreso a Cuba y, con frecuencia, evadieran la justicia regresando a la isla.
La serie del diario floridano estimaba que estas actividades habían drenado desde 1994 más de 2.000 millones de dólares de empresas estadounidenses, aseguradoras de autos y casas, contribuyentes y programas gubernamentales, con gran parte del dinero fluyendo hacia la economía cubana.
Participación desproporcionada en delitos económicos
El Sentinel encontró que mientras que los nacidos en Cuba representaban en 2015 menos del 1% de la población de EEUU eran responsables en porcentajes desproporcionados de delitos: a nivel nacional: detentaban el 41% de los arrestos por fraude al sistema federal de apoyo a la salud. El siguiente grupo más numeroso, los acusados nacidos en EE. UU., representaban apenas el 29 % de los arrestos, seguidos por nigerianos y rusos con un 3 por ciento cada nacionalidad.
En el condado Miami-Dade, donde los cubanos eran el 24% de la población, acumulaban el 73% de los arrestos por fraude al Medicare, 72% en robos a camiones con cargas de alto valor, 59% en cultivo ilegal y tráfico de marihuana, principalmente desde Colorado, y 50% en fraude con tarjetas de crédito y seguros de autos o de casas. A nivel nacional, tenían a su haber el 10 % de los fraudes con tarjetas.
Los delitos se extendieron a 34 estados de la Unión más Puerto Rico y Washington D.C., pero se originaban principalmente en centros del sur de Florida como Hialeah y Miami-Dade.
Las redes se especializaban en delitos económicos de bajo riesgo y alto rendimiento, en lugar de crímenes violentos. Operaban con estructura: cabecillas (algunos con presuntos vínculos con la inteligencia cubana), reclutadores, “corredores” de bajo nivel (recién llegados a quienes se pagaba en efectivo), hackers, mulas para transportar el dinero y receptadores. Había células familiares pequeñas, pero también operaciones que involucraban entre 20 y más de 100 personas con mercancía robada prevendida y logística sofisticada.
“Los cubanos son los líderes en fraude al sistema de salud”
El Sun Sentinel recordaba que en 2011, preocupado por el fraude de los cubanos al Medicare, el senador republicano por Iowa, Charles “Chuck” Grassley, miembro del Comité del Comité de Asuntos Judiciales, preguntó en una audiencia si funcionarios cubanos podrían estar implicados o haber facilitado fraudes. Continuó con una carta al fiscal general Eric Holder y la entonces secretaria de Estado de la administración Obama, Hillary Clinton.
“Ya es preocupante que el crimen organizado haya entrado en el fraude sanitario que es tan lucrativo”, escribió Grassley. “Sería aún más preocupante si funcionarios de gobiernos extranjeros también están facilitando o dirigiendo estos fraudes.”
En respuesta, un fiscal general adjunto escribió únicamente que las agencias federales coordinan “cuando sea apropiado” con las investigaciones criminales internacionales. La carta no respondió a las preguntas del senador sobre el número de cubanos implicados en fraudes ni cuánto tiempo llevaban en el país, señalando que las agencias federales que investigan fraudes no rastrean esa información.
Pero en su investigación, el periódico encontró que el gobierno sí tenía esos datos: “Al analizar los registros federales, el Sun Sentinel descubrió que los nativos cubanos son, con mucho, los líderes en fraude sanitario”.
El diario mencionó también la preocupación entonces del congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart: “Uno se pregunta cómo gente que acaba de llegar aquí desde Cuba lo tiene todo montado en tan poco tiempo, un sistema tan sofisticado para defraudar, y en cuanto los atrapan, vuelven”, dijo.
El dinero ilícito en Cuba “no va al pueblo. Esto va a parar a las instituciones del régimen”, dijo Díaz-Balart.
A buen recaudo en Cuba… y con lo recaudado
Siguiendo con los reportajes del Sentinel, ya en 2008 la prensa estadounidense había informado sobre 56 fugitivos de la justicia acusados de facturar fraudulentamente 272 millones de dólares al Medicare y haber recibido del programa por lo menos 142 millones.
De los 36 fugitivos cuyos nombres las autoridades revelaron, 33 eran inmigrantes cubanos y según documentos de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, Inmigración y los tribunales, la mitad de ellos regresó inmediatamente a Cuba tras ser acusados. Su ubicación se determinó consultando archivos de viaje, aduana, pasaportes, bancos y computadoras.
El regreso de los millonarios fugitivos
Con ayuda de mi hoy colega en represorescubanos.com, el investigador Luis Domínguez, escribí en octubre de 2014 para Martí Noticias un reportaje titulado “Ubican en Cuba a fugitivos de la justicia de EEUU que estafaron al Medicare”.
En octubre del 2012 fiscales federales en Miami presentaron cargos contra el cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Sante, fundador de la compañía de envíos de dinero Caribbean Transfers. A través de su empresa fueron a parar a los bancos cubanos 238 millones de dólares defraudados al programa Medicare en el sur de la Florida. Pérez se encontraba fugitivo. Las autoridades federales dijeron entonces que no tenían evidencias de que el gobierno de Cuba estuviera involucrado en ese esquema delictivo.
Pero en 2015 Domínguez, que administraba el blog Cuba al Descubierto, dio con su paradero: vivía con su esposa en 5ta Avenida # 26606, en el pueblo playero de Santa Fe, municipio Playa (La Habana). A unas cuatro cuadras (5ta. Avenida #26202) vive aún el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés. Y en la misma cuadra que Pérez de Morales (5ta. Avenida # 26614) residía el conocido actor Jorge Perugorría, quien recientemente culpó a la administración Trump por la crisis humanitaria en que el gobierno comunista mantiene sumido al pueblo cubano.
Si fuera poco el requisito que se impone a los pocos que pueden cambiar de dirección en Cuba de anotarse en un Registro de Direcciones que controla el Comité de Defensa de la Revolución de cada cuadra ─en permanente contacto informativo con la Seguridad del Estado─ esta área de la Quinta Avenida de Santa Fe es una zona congelada donde para vivir se requiere un permiso especial. Pero Pérez de Morales vivía ahí cuando regresó millonario y fugitivo de Estados Unidos.
Lo comprobaron los reporteros de Cubanet Julio César Álvarez y Augusto César San Martín que visitaron la casa de dos plantas totalmente remodelada y con una mini cancha de baloncesto. Fuentes cercanas a la vivienda que exigieron anonimato les dijeron que desde hacía un año no veían a Jorge Emilio en esa dirección. Poco después de regresar a Cuba de un viaje a Dominicana, abandonó la casa, donde antes solía dar fiestas con conocidos artistas cubanos. Desde entonces viven allí un hermano suyo y la madre de su esposa Zuzel Monne Díaz.
Los vecinos siempre creyeron que Jorge Emilio era un próspero empresario cubano, y de hecho, Luis Domínguez descubrió que él, su esposa y su vecino de entonces, el actor Perugorría, tienen una compañía fílmica registrada en España, Santa Fe Pictures SL, que produjo al menos un documental dirigido por el protagonista de Fresa y Chocolate.
A los reporteros de Cubanet sí les abrió la puerta en Santa Fe, pero en una zona más modesta, otro fugitivo de la justicia norteamericana: Ángel Ricardo Mendoza Bartelemy, buscado en EEUU por robarse en 2004 un remolque de la Reserva Federal con 180.000 dólares en monedas de a cinco centavos. Los agentes nunca encontraron 45.000 dólares del dinero ni tampoco a Mendoza. Les dijo a Alvarez y San Martín que no quería problemas. Se ganaba la vida trabajando como salvavidas en la playa.
Luis Domínguez llegó a ubicar también en Cuba a otras dos personas reclamadas en Estados Unidos por fraude al Medicare: Madelin Bárbara Machado Barroso y Guillermo Díaz Pérez. A ella, a quien se le acusa de 25 cargos, en 27 # 204, entre L y K, Vedado, Plaza, La Habana; y a él, que presentó reclamos falsos por $ 5,800,000, en Lugareño # 306 altos, entre Martí y Hermanos Agüero, en Camagüey.
En su trabajo de terreno en Cuba el Sun Sentinel encontró en Santa Clara a Iván Moya Tagle, acusado de defraudar 1 millón de dólares en Texas como parte de una red de falsificación de tarjetas de crédito.
Pero son muchos más los que se han acogido al santuario que les brinda el régimen castrista, ducho en conceder refugio a fugitivos de la justicia estadounidense y de otros países.
La serie de reportajes precisaba que según estimaciones del FBI entre 30 y 50 fugitivos por fraude al sistema federal de apoyo a la salud habían huido a Cuba. Mientras, a través de documentos judiciales y entrevistas, el diario de Fort Lauderdale determinó que al menos 50 más, buscados por otros fraudes, o cultivo y tráfico ilegal de marihuana, se refugiaron en la isla.
Dana Coston, portavoz del Departamento de Policía de Cape Coral, en el suroeste de Florida, dijo al Sentinel que las casas de cultivo de marihuana operadas por cubanos. “Tenían exactamente los mismos paneles de cableado; contaban con la misma configuración hidropónica. Era como si siguieran una fórmula”.
Las casas de cultivo cubanas suelen ser «copias al carbón» unas de otras, afirmó también Timothy Wagner, director del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad del sur de Florida. “No cabe duda de que llegan aquí desde Cuba ya reclutados y capacitados. Y eso no lo observamos con otros países”.
Algunas personas involucradas en casos de fraude también declararon haber aprendido el oficio en la isla. En Coral Gables, una mujer detenida en relación con un caso de tarjetas de crédito falsificadas confesó a un agente de policía que había recibido su capacitación en Cuba, señaló Kelly Denham, portavoz de la policía.
Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU citado en los reportajes dijo en una entrevista que EEUU “plantea repetidamente sus casos ante el gobierno de Cuba”, pero no recibe respuestas.
Epílogo
En su respuesta a los comentarios recientes del Dr. Mehmet Oz y de Robert F. Kennedy Jr., el MINREX aseguró que Cuba ha procesado a personas radicadas en su territorio vinculadas a fraudes contra el Medicare.
En realidad, solo el caso de una de esas personas alcanzó notoriedad mediática: el del reguetonero Gilbert Man, y fue porque Gilbert Man (nombre artístico), como se dice en Cuba, “se tiró con la guagua andando” y en el momento equivocado.
En otro reportaje que escribí en 2015 para Martí Noticias titulado Cuba detuvo a fugitivo de la justicia estadounidense refugiado en la isla narraba como Gilberto Martínez Suárez había sido instruido de cargos en los condados floridanos de Miami-Dade y Martin por uso de tarjetas falsas y compras ilegales por valor de más de 150.000 dólares. Tras salir en libertad bajo fianza en 2013-2014, se fugó a Cuba.
Pero en lugar de llevar una vida discreta en la isla como otros prófugos, Gilbert Man se dedicó a ostentar el dinero robado. Hacía a sus seguidores regalos de marcas caras como Gucci y Louis Vuitton, se fotografiaba con fajos de dólares; se construyó en Guanabacoa (La Habana) una mansión con baldosas españolas, rejas de hierro forjado, piscina y cinco autos de alta gama más dos motocicletas en el garaje.
En enero de 2015, un mes después del comienzo del deshielo entre Cuba y Estados Unidos, Gilbert Man era el ejemplo perfecto para la administración de Barack Obama de que La Habana sí estaba dispuesta a cooperar con Washington. Fue condenado en 2016 a 17 años por lavado de activos, evasión fiscal, enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Fue la única vez en su corta carrera musical que su nombre salió en Billboard.
