El Instituto Electoral del Estado de Colima ordenó el retiro inmediato de propaganda electoral anticipada atribuida la presidenta municipal de Manzanillo, Rosa María Bayardo, y al partido Morena, como medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador iniciado tras una denuncia presentada por Movimiento Ciudadano.
La autoridad electoral determinó que la propaganda —difundida en bardas, vehículos, impresos y otros espacios públicos— deberá ser retirada en un plazo máximo de 48 horas a partir de la notificación, además de instruir la suspensión de su difusión y la abstención de realizar actos similares mientras se resuelve el fondo del caso.
El procedimiento se originó a partir de una denuncia interpuesta el pasado 25 de marzo por Movimiento Ciudadano, luego de identificar la presencia de este material en distintos puntos del estado.
De acuerdo con el expediente, los hechos denunciados podrían implicar promoción personalizada, posicionamiento anticipado frente al electorado y una posible afectación al principio de equidad en la contienda.
Tras admitir la denuncia, el Instituto Electoral inició un Procedimiento Especial Sancionador y realizó diversas diligencias, entre ellas inspecciones en campo, revisión de imágenes y verificación de la existencia física de la propaganda señalada.
Con base en estos elementos, la Comisión de Denuncias y Quejas resolvió la procedencia de medidas cautelares, al considerar necesario evitar una posible afectación al proceso electoral en curso.
Estas medidas no implican aún una resolución definitiva sobre la existencia de una infracción, sino una acción preventiva mientras continúa el análisis del caso.
¿Por qué MC denunció a Morena en Colima?
En conferencia de prensa, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, encabezada por Margarita Moreno, sostuvo que la resolución responde a un reclamo ciudadano y reiteró la necesidad de garantizar condiciones de equidad en la contienda.
El retiro de propaganda anticipada se sustenta en el principio de evitar ventajas indebidas y preservar un piso parejo entre las fuerzas políticas, en tanto la autoridad electoral determina si existen responsabilidades administrativas o sanciones en el fondo del asunto.
