En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha destinada a reafirmar los principios fundamentales de esta profesión, ejercer el periodismo en Venezuela puede significar perder la libertad… o verse obligado a abandonar el país.
Venezuela se mantiene entre los países con peor desempeño en materia de libertad de prensa. Según el ranking global de Reporteros Sin Fronteras, ocupa el puesto 159 de 180 países, ubicándose entre las naciones con mayores limitaciones al ejercicio informativo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha incluido al país, por más de una década, en su capítulo más crítico, reservado para aquellos estados donde se registran graves afectaciones al orden democrático y a los derechos fundamentales. La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, ha señalado que este seguimiento ha sido constante y particularmente intenso en los últimos años, en un contexto político que ha elevado las preocupaciones sobre libertades civiles.
“Hay que recordar que Venezuela tiene en el capítulo 4b, que es el capítulo de especial preocupación del informe anual de la comisión interamericana aproximadamente 15 años, y la comisión interamericana ha hecho un monitoreo muy extenso e intenso de venezuela, especialmente después del proceso electoral que ocurriera ese año” señaló Reneaum.
A su vez, el más reciente informe del Colegio Nacional de Periodistas documenta 76 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Entre ellas se registran 4 casos de intimidación, 16 restricciones a la cobertura, 18 detenciones arbitrarias, 4 cierres de emisoras radiales, 10 eliminaciones de material informativo, 15 expulsiones de corresponsales extranjeros y 9 situaciones de hostigamiento. Estas cifras reflejan un entorno donde informar se convierte en una actividad de alto riesgo.
En el país suramericano, muchos comunicadores han optado por abandoner sus fronteras ante la falta de garantías. Es el caso de la periodista Elyangélica González, quien decidió exiliarse tras ser agredida por funcionarios de la Guardia Nacional durante una cobertura periodistica.
Tras denunciar los hechos, González asegura que las amenazas no cesaron, sino que se extendieron a su entorno familiar. A pesar de acudir a instancias institucionales, nunca recibió respuesta ni se inició un proceso efectivo contra los responsables.
Igualmente, la censura se ha trasladado al ámbito digital, donde el acceso a la información enfrenta restricciones y bloqueos. La organización Espacio Público advierte que la detención se ha consolidado como un mecanismo de castigo frente al discurso crítico donde informar se ha vuelto cada vez más complejo.
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