La violencia machista en Cuba ha alcanzado niveles alarmantes, con 26 feminicidios documentados en el primer cuatrimestre del año, lo que iguala la incidencia per cápita de estos crímenes a la de otras naciones latinoamericanas históricamente señaladas por sus altas tasas de estos delitos, exponiendo una crisis estructural desatendida.
“Cuba ya aparece en el cuarto bloque de países con mayores tasas feminicidas de la región y ese dato debe leerse con cautela porque en en el país no existe plena transparencia pública ni acceso independiente a expedientes”, dijo a Martí Noticias Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT), que verificó un nuevo feminicidio.
Álvarez indicó que, en ausencia de un censo posterior al éxodo masivo reciente, si la población residente real es menor que la oficial, “la tasa podría estar subestimada, ser mucho mayor de la que hemos estado manejando”.
Osleidy Bonaga Corella, de 41 años, fue ultimada a puñaladas la noche del 22 de mayo en el poblado Floro Pérez, del municipio holguinero Gibara, presuntamente por su expareja, quien ya está en manos de la policía.
La crisis económica y social que atraviesa Cuba incide directamente en el aumento de feminicidios al exacerbar la violencia machista, limitar la autonomía de las mujeres y generar fallas sistémicas que impiden la prevención.
“La crisis multifactorial que atraviesa Cuba, empobrecimiento, apagones prolongados, deterioro de los servicios públicos, migración masiva, sobrecarga de cuidados, precariedad económica y debilitamiento de redes familiares y comunitarias, todo ello incrementa la vulnerabilidad de las mujeres, limita las posibilidades de escapar de relaciones violentas y eleva el riesgo de violencia extrema aún más en un país donde no existen políticas públicas efectivas y ni siquiera hogares y refugio donde puedan resguardarse las mujeres en riesgo de violencia”, precisó la experta.
A pesar de la gravedad de la situación, el Estado cubano aún no tipifica el feminicidio en su Código Penal. Los medios de comunicación estatales rara vez reportan estos asesinatos machistas, y el oficial Observatorio de Género sigue sin arrojar cifras públicas transparentes, lo que deja el monitoreo a cargo de la sociedad civil independiente.
Frente a esta escalada de violencia, que deja tras de sí un saldo desolador de niños huérfanos y familias destrozadas, activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han intensificado sus demandas: la declaración de un estado de emergencia y la implementación urgente de una Ley Integral contra la Violencia de Género, la creación de redes de refugios seguros y la capacitación de las fuerzas de seguridad para evitar que las denuncias previas sigan siendo ignoradas o minimizadas.
“El feminicidio de Osleidy debe colocarse con ese mapa regional y nacional. El 2026 mantiene una evolución realmente muy alarmante”, resaltó Álvarez.