
El Tribunal Provincial de las Tunas dejó concluso para sentencia el juicio contra ocho personas, supuestamente, miembros de la organización Cuba Primero, calificada de terrorista por las autoridades del régimen.
La información la proporcionó a Martí Noticias Carlos Alberto McDonald Ennis, uno de los acusados.
“La Fiscalía sostuvo las mismas peticiones fiscales para los ocho porque somos autores de crímenes ya que Armando Labrador, está declarado como terrorista”, refirió McDonald.
El gobierno de Cuba incluyó oficialmente al exiliado cubano Armando Labrador Coro en su Lista Nacional de terroristas el 9 de julio de 2025, en tanto el proceso contra los ocho activistas se inició en marzo de 2024.
Siete de los acusados llevan más de dos años bajo detención preventiva en la Prisión Provincial El Típico, de Las Tunas, lugar donde se celebró el juicio bajo un fuerte operativo de control para impedir el escrutinio público.
McDonald Ennis, fue excarcelado bajo fianza, a principios de junio de 2026, debido a una grave enfermedad que padece.
El tribunal había avisado la realización del juicio dentro de la cárcel alegando “falta de combustible”, una excusa que vulnera flagrantemente el principio de publicidad y transparencia de la Ley del Proceso Penal cubana al vetar la entrada de familiares y observadores independientes.
Los incriminados, por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”, Javier Reyes Peña para quien el órgano acusador pidió nueve años de privación de libertad; Guillermo Carralero López y Adisbel Mendoza Barroso, para quienes pide ocho años; Pedro Carlos Camacho Ochoa, Carlos Manuel Santiesteban Saavedra, Carlos Alberto McDonald Ennis y Enrique González Infante, a los que solicita siete años y seis años para Maikel Hill Ramírez.
De acuerdo a la Petición Fiscal, el imputado Reyes Peña se vinculó “mediante la red social Facebook” a Cuba Primero, “una de las organizaciones criminales radicadas en Estados Unidos que organizan, proveen medios, financian y ejecutan acciones en contra de la seguridad del Estado cubano.
A partir de esta relación, reclutó a varias personas, entre ellos los inculpados en el juicio. Todos fueron detenidos en marzo de 2024, reza el documento jurídico.
Sin embargo, los fundamentos de la acusación se reducen a acciones básicas como expresar opiniones en Facebook, compartir videos de contenido político, charlar con otros internautas y guardar textos impresos. Entre estos últimos figuran ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un tratado internacional que el propio gobierno de La Habana ha firmado.
