La decisión del Banco de México de recortar las tasas de interés el mes pasado ha sido una de las más controvertidas de los últimos años.
Al fin y al cabo, era un momento complicado para que el banco central conocido como Banxico reduzca la tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta 6.75 por ciento. La inflación había subido a 4.63 por ciento en la primera mitad de marzo, mientras que la inflación subyacente ya lleva casi un año por encima del límite superior de 4 por ciento del rango objetivo.
Al mismo tiempo, la guerra en Medio Oriente ha introducido nueva incertidumbre en los mercados financieros y ha impulsado los costos de la energía. El comunicado que acompañó la decisión estuvo cargado de advertencias sobre nuevas presiones inflacionarias. Esto hace que el recorte resulte aún más desconcertante. En este contexto, habría sido más prudente mantener la tasa sin cambios, como argumentaron dos de los cinco miembros de la junta.
Existen, por supuesto, argumentos razonables en sentido contrario. Antes de la decisión, los analistas estaban prácticamente divididos. La inflación reciente ha estado impulsada en parte por factores temporales, especialmente los precios de frutas y verduras, que deberían moderarse. La tasa de política monetaria sigue en terreno restrictivo, en una economía que muestra un débil dinamismo. Además, tanto el banco central como economistas privados esperan que la inflación converja hacia el objetivo de 3% (±1%) el próximo año. Esto sugiere que las expectativas permanecen ancladas.
Pero el problema no es el recorte en sí. En una economía con baja penetración del crédito, alta informalidad y alto poder de fijación de precios por parte de las empresas, un movimiento de 25 puntos básicos difícilmente tendrá impacto sobre la actividad o los precios. Si el nivel de la tasa estuviera claramente desalineado, los mercados ya habrían puesto a prueba a Banxico. El peso se debilitó algo tras la decisión, pero desde entonces se ha recuperado y acumula una apreciación de más de 16% en el último año.
El problema de fondo es que Banxico parece demasiado cómodo con niveles de inflación más altos. Además, carece de la fortaleza comunicacional y la credibilidad necesarias para moldear expectativas en un contexto de tensiones de precios y bajo crecimiento. En los últimos años, el banco ha incumplido reiteradamente sus propias previsiones y las ha revisado al alza con incómoda frecuencia. Ahora proyecta que la inflación volverá al objetivo recién en el segundo trimestre de 2027, pero esa promesa ya ha sido postergada varias veces (de hecho, los economistas estiman que el IPC cerrará 2026 en 4,2% y 2027 en 3,8%). Es como si el banco se conformara con declarar intenciones, sin preocuparse por lograr resultados. Entre los principales bancos centrales de América Latina con metas de inflación, México es el que más dificultades ha tenido para contener los precios en los últimos dos años. Actualmente, registra la inflación más alta del grupo después de Colombia.
Parte de esta situación refleja un liderazgo poco inspirador bajo la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja. Desde su inesperado nombramiento a fines de 2021, cuando se convirtió en la primera mujer en dirigir el banco, Banxico se ha replegado del espacio público. Lo que alguna vez fue una institución central del sistema financiero mexicano hoy muestra señales de fuga de talento, aversión a la exposición pública y una postura excesivamente cautelosa.
Rodríguez realiza pocas apariciones públicas. Rara vez se reúne con inversionistas o participa en foros con sus pares. Además, limita sus entrevistas a un pequeño grupo de periodistas locales, a menudo repitiendo comunicados escritos. Los informes trimestrales, que incluyen sesiones de preguntas y respuestas con periodistas, aún se realizan de forma virtual, como si persistieran las condiciones de la pandemia. Puestos clave siguen vacantes, incluyendo el responsable de Emisión, el economista jefe y otros cargos de alto nivel.
A más de cuatro años de iniciado su mandato, aún no proyecta la confianza ni la ambición que exige uno de los cargos más relevantes de la política económica en la región. El avance limitado de México en penetración crediticia, especialmente entre pequeñas empresas, y en digitalización suele atribuirse a los bancos. Ellos tienen parte de responsabilidad, pero Banxico debería liderar políticas dinámicas para fomentar la competencia y modernizar el marco regulatorio. En cambio, a menudo suena como un observador externo, que todavía dedica tiempo y recursos a iniciativas marginales como promover el uso de monedas. “Es un Banxico débil. Es un Banxico que ha perdido la relevancia que alguna vez tuvo”, dijo la economista Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Este banco central más discreto también es producto del clima político en México desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en 2018, y bajo su sucesora, Claudia Sheinbaum. Si bien ambos prometieron respetar la independencia del banco central, han mostrado desdén hacia las instituciones autónomas, eliminando siete organismos relevantes, desde la autoridad de competencia hasta reguladores energéticos, cuyas funciones fueron absorbidas por agencias del gobierno.
En este entorno, Banxico ha optado por mantener un perfil bajo, evitando decisiones que puedan incomodar en el Palacio Nacional. Cuando banqueros centrales internacionales emitieron una inusual declaración conjunta este año expresando “plena solidaridad” con Jerome Powell frente a amenazas a la independencia de la Reserva Federal, Banxico guardó silencio; el único firmante de América Latina fue Gabriel Galípolo, de Brasil. Y cuando el banco celebró su centenario el año pasado, los festejos se realizaron con discreción, sin invitar a exgobernadores, quienes participaron en un evento paralelo. Sin embargo, ni siquiera esa cautela extrema evitó un error notable: Rodríguez, cuyo mandato termina a fines del próximo año, apareció en un acto partidario junto a figuras políticas de la coalición gobernante.
No existe evidencia concluyente de que la independencia del banco central haya sido erosionada en la práctica, y la coordinación con otras entidades del gobierno, en particular la Secretaría de Hacienda, no es inherentemente problemática. Pero la falta de comunicación proactiva y de transparencia ha generado confusión entre los participantes del mercado. ¿Está Banxico cumpliendo su mandato legal principal de garantizar una inflación baja y estable? ¿O también intenta apoyar objetivos más amplios del gobierno, como el crecimiento o el ajuste fiscal? Cuando las decisiones no se explican con claridad, estas preguntas inevitablemente surgen.
Gobernadores anteriores también tuvieron dificultades para llevar la inflación de vuelta al objetivo de 3%. Dado el grado de apertura comercial de México, las rigideces competitivas y los aumentos constitucionales del salario mínimo y del gasto social, alcanzar consistentemente ese objetivo puede ser poco realista. Con mayor razón, el país necesita un banco central con peso institucional, capaz de moldear expectativas e incluso impulsar un debate más amplio sobre los límites de la política monetaria.
México ha acumulado más de 60% de inflación en la última década, un registro que difícilmente se alinea con el mandato de Banxico de preservar el poder adquisitivo. En lugar de enviar señales ambiguas, el banco central debería reconocer con claridad que la inflación sigue siendo un problema persistente que requiere acción. De lo contrario, su mensaje complaciente terminará, tarde o temprano, convirtiéndose en un problema mucho más difícil de contener.
