El 24 de febrero de 1996 ha pasado a la historia como uno de los más fatídicos días para el exilio cubano. Cuatro hombres, hijos de esta comunidad, perdieron sus vidas cuando las avionetas donde volaban fueron derribadas por la orden de Raúl Castro y la complicidad de su hermano dictador.
Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales eran parte de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, que sobrevolaba el Estrecho de la Florida en la búsqueda de balseros para, luego de avistarlos, notificar a la Guardia Costera estadounidense para su rescate.
El derribo de las avionetas en aguas internacionales fue un punto de inflexión de la política de EEUU hacia el régimen cubano. Si bien el presidente demócrata Bill Clinton mantenía sanciones hacia la dictadura y reconocía su ilegitimidad, habían intenciones de un acercamiento.
Pero el crimen contra Hermanos al Rescate provocó un cambio de percepción de la Casa Blanca, bajo la administración demócrata, hacia La Habana. Y ese giro se tradujo en una acción en concreto, una legislación que unió todas las sanciones contra la dictadura.
El embargo y su codificación
Desde el Congreso se ejercía una gran presión sobre la Administración Clinton para endurecer sanciones contra la dictadura cubana, que había perdido a su protector soviético. La Casa Blanca manejaba con cautela el tema Cuba., pero los legisladores caminaban a otro ritmo, dos de ellos en particular.
Los representantes cubanoamericanos por el sur de la Florida Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart trabajaban con aínco para endurecer la política de EEUU hacia el régimen de Fidel Castro y para ello buscaban aliados a “ambos lados del pasillo”, tanto de republicanos como de demócratas.
En 1995 había sido presentada en el Congreso la “Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996” por el representante republicano por Indiana, Dan Burton, y el senador republicano por Carolina del Norte, Jesse Helms. Ros-Lehtinen y Díaz-Balart tienen todo el crédito, tras bambalinas.
El 12 de marzo de 1996, la “Helms-Burton” fue firmada como Ley por el presidente Clinton, estableciendo una nueva política hacia Cuba. El oprobioso derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate y el asesinato de tres ciudadanos americanos y un residente permanente fue el catalizador.
La Ley Helms-Burton, en detalles
La legislación llevó el embargo existente desde los años 60 a los libros, lo cual limitó por completo al Ejecutivo a la hora de modificarlo. De hecho, solo existen dos formas de hacerlo: aprobando una nueva ley, en manos del Congreso; o logrando la libertad de la Isla, en manos del pueblo cubano.
La Ley Helms-Burton está dividida en cuatro títulos, cada uno de los cuales está separado por secciones.
El Título I trata sobre el embargo, codificando en ley todas las regulaciones ejecutivas que lo sustentaban. Establece que el levantamiento de sanciones depende de certificaciones presidenciales estrictas y verificadas sobre avances concretos hacia una transición democrática en Cuba.
El Título II estipula lo concerniente a la transición hacia una Cuba democrática y la asistencia que brindaría EE. UU. Define qué condiciones debe cumplir un “gobierno de transición” y luego un “gobierno democráticamente electo”.
Tambien establece parámetros sobre elecciones libres, pluralismo político, liberación de presos políticos y respeto a los Derechos Humanos. En su articulado autoriza programas de asistencia económica futura por parte de EE. UU. si se cumplen esos requisitos.
El Título III permite a ciudadanos estadounidenses demandar en cortes federales a empresas extranjeras que “trafiquen” con propiedades confiscadas por el régimen cubano tras 1959. Desde la promulgación de la Ley fue suspendido hasta que en 2019 el presidente Trump levantó la suspensión.
Desde entonces, decenas de demandas han llegado a las cortes de EEUU., incluyendo la Corte Suprema, que el pasado 23 de febrero escuchó los argumentos orales de los casos “Havana Docks Corporation vs. Royal Caribbean Cruises” y “Exxon Mobil vs. Corporación Cimex”.
Entretanto, el Título IV estipula algunas restricciones migratorias al autorizar negar visas y la entrada a los Estados Unidos a ejecutivos y familiares de empresas extranjeras que operen con propiedades expropiadas por la dictadura cubana en su ola de confiscaciones de los ‘60.
En otra medida generada directamente del crimen contra los pilotos de Hermanos al Rescate, el presidente Clinton decretó, el 1 de marzo de 1996, la Proclamación 6867, un decreto de emergencia nacional relacionado con la migración y seguridad marítima, que ha sido extendido sucesivamente por todos los presidentes de EEUU hasta hoy.
Han pasado 30 años del asesinato de los cuatro miembros de Hermanos al Rescate. Sus vidas se truncaron mientras intentaban salvar otras. Sus muertes abrieron una herida en el exilio cubano y también hicieron que Washington cambiara de forma radical sus políticas hacia La Habana.
