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La creciente tensión entre EE. UU. y Venezuela ha provocado la mayor concentración militar en el Caribe desde el fin de la Guerra Fría.
La última vez que Estados Unidos envió tantos buques de guerra a la región fue en 1989, cuando derrocó al presidente de Panamá, Manuel Noriega, al que acusaba de narcotráfico.
Sin embargo, hay más diferencias que similitudes entre aquel momento y el actual.
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El 16 de diciembre de 1989, el teniente de la Marina de EE.UU. Robert Paz se encontraba en la parte trasera de un Chevrolet Impala, dirigiéndose al Hotel Marriott de la Ciudad de Panamá para cenar, justo cuando las tensiones entre su país y el hombre fuerte panameño se acercaban a un punto crítico.
Cuando el auto que transportaba a cuatro militares estadounidenses destinados en el país llegó a un puesto de control de las Fuerzas de Defensa de Panamá, seis soldados rodearon el vehículo.
Tras un altercado, los panameños abrieron fuego mientras el vehículo se alejaba. Paz murió en el incidente y su muerte desencadenó la invasión estadounidense de Panamá cuatro días después, el 20 de diciembre.
Sigue siendo la última incursión importante de EE.UU. en suelo extranjero en el continente americano.
Washington la bautizó como Operación Causa Justa, y movilizó alrededor de 30.000 soldados estadounidenses. Obligado a dejar el poder, Noriega fue trasladado a Miami para enfrentar un juicio por cargos de narcotráfico.
La ONU estima que alrededor de 500 civiles panameños murieron en la invasión. EE. UU. afirma que fueron muchos menos, mientras que sus críticos dicen que fueron muchos más.
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Paralelismos y diferencias
La invasión de Panamá fue también la última vez que hubo un despliegue militar importante de EE.UU. en el Caribe al nivel que estamos viendo ahora en las aguas alrededor de Venezuela.
Los paralelismos entre ambos momentos son notables, pero también lo son las diferencias.
En primer lugar, las similitudes. Aunque estén separados por varias décadas, en ambos casos una creciente guerra de palabras entre Washington y un hombre fuerte latinoamericano llevó tras años de enemistad a un importante despliegue militar estadounidense en la región.
En ambos casos Washington acusó a un gobernante latinoamericano de implicarse personalmente en el narcotráfico, lo que aumentó la presión interna sobre un presidente asediado.
Tanto en los casos de Noriega como del presidente venezolano Nicolás Maduro, el argumento central del gobierno estadounidense es que ellos y sus gobiernos traficaron con drogas.
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En última instancia, la premisa de que el líder rival es, en esencia, un narcotraficante se ha convertido en la justificación que Washington ha ofrecido al público estadounidense para todos los pasos posteriores.
Ambas naciones también tienen una enorme importancia estratégica —el Canal de Panamá y las vastas reservas de petróleo de Venezuela—, lo que aumenta considerablemente lo que está en juego.
Sin embargo, las diferencias también son notables.
La Guerra Fría y el siglo XXI son momentos muy diferentes, y George H. W. Bush, presidente de Estados Unidos en 1989, y Donald Trump son líderes muy distintos.
Noriega había sido un activo de la CIA durante muchos años y finalmente fue condenado basándose en pruebas irrefutables que abarcaban desde registros financieros hasta el testimonio de hombres que habían realizado vuelos de drogas o lavado dinero del narcotráfico en Panamá para el Cartel de Medellín. Incluso uno de los principales líderes del cartel acusó a Noriega de estar involucrado personalmente en el comercio ilegal.
En el caso de Maduro, el gobierno de Trump establece un vínculo directo entre las lanchas rápidas alcanzadas en ataques aéreos letales en el Caribe y el propio presidente venezolano.
Washington acusa a Maduro de encabezar el Cartel de los Soles, un grupo que presuntamente está compuesto por miembros y exmiembros de la cúpula militar venezolana.
Pero muchos analistas de la guerra contra las drogas cuestionan si el Cartel de los Soles es un grupo criminal formal o más bien una alianza flexible de funcionarios corruptos que se han enriquecido con el contrabando de drogas y recursos naturales a través de los puertos venezolanos.
Por su parte, Maduro y su administración niegan la existencia de tal cartel, calificándolo de una “narrativa” sin fundamento difundida por Washington para desalojarlos del poder.
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“Círculo de compinches”
“De repente desempolvaron una cosa que llaman ellos el Cartel de los Soles, que jamás y nunca han podido comprobar porque no existe”, dijo el poderoso ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello. “Es una invención imperialista”, afirmó Cabello el mes pasado.
Existe, sin embargo, evidencia de narcotráfico dentro de la familia presidencial en Venezuela.
Dos de los sobrinos políticos de Maduro fueron arrestados en Haití en una operación encubierta de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA) en 2015.
Los hijos de la hermana de la esposa de Maduro fueron capturados intentando contrabandear 800 kg de cocaína a Estados Unidos.
Desde entonces conocidos como los “narco-sobrinos”, Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores pasaron varios años en una prisión estadounidense antes de ser devueltos a Venezuela en 2022 como parte de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Biden.
La administración Trump ha impuesto ahora nuevas sanciones contra los dos, junto con un tercer sobrino, Carlos Erik Malpica Flores.
Al anunciar las sanciones, el Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, dijo: “Nicolás Maduro y sus cómplices criminales en Venezuela están inundando Estados Unidos con drogas que están envenenando al pueblo estadounidense”.
“El Tesoro responsabiliza al régimen y a su círculo de compinches y empresas por sus crímenes continuos”, añadió.
“Círculo de compinches” suena al tipo de lenguaje que Washington utilizaba para describir el gobierno de Noriega en la década de 1980. Un informe del subcomité del Senado de EE. UU. de la época lo calificó como “la primera narco-cleptocracia del hemisferio”.
Avanzando 36 años, el pilar clave de la estrategia de la administración Trump contra Maduro se basa en el uso del término “narcoterrorismo”.
Es controvertido debido al amplio alcance de su definición legal. Ya en 1987, el Departamento de Justicia de EE. UU. definió el narcoterrorismo como “la participación de organizaciones terroristas y grupos insurgentes en el narcotráfico”, lo que, señaló, “se ha convertido en un problema con implicaciones internacionales”.
La cuestión en el contexto venezolano es la base legal bajo el derecho internacional para las últimas acciones de Washington, que dice tener como objetivo combatir el “narcoterrorismo” en las Américas.
La administración Trump ha dicho que ahora está involucrada en un “conflicto armado no internacional” con los carteles de la droga y ha justificado con esa base sus ataques contra presuntas narcoembarcaciones en el Caribe.
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Polémicos ataques
El Pentágono sostiene que las embarcaciones son objetivos válidos según las reglas de enfrentamiento. Sin embargo, en los últimos días han surgido serias dudas sobre un segundo ataque contra un supuesto narcobarco el 2 de septiembre, en el que murieron dos supervivientes de un ataque inicial.
El gobierno Trump se ha defendido enérgicamente de las acusaciones de que las muertes en el segundo ataque constituyeron ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, el problema no ha desaparecido, ni tampoco las peticiones de que se hagan públicas las imágenes de video del ataque, vistas recientemente por legisladores de alto rango durante una sesión informativa a puerta cerrada para miembros del Congreso.
Después de sugerir inicialmente que “no tendría ningún problema” con la publicación del vídeo del ataque de seguimiento, Trump dijo que la decisión correspondía al Secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Hasta ahora, el Pentágono no ha publicado el vídeo ni el asesoramiento legal en torno al segundo ataque, pero la Casa Blanca insiste en que se llevó a cabo “de acuerdo con la ley de conflictos armados”.
Las tensiones entre EE.UU. y Venezuela continúan escalando e intensificándose, sobre todo tras la incautación por parte de las fuerzas estadounidenses de un petrolero lleno de crudo venezolano.
Trump ha indicado que después de que EE.UU. tome el control del espacio aéreo y los mares alrededor de Venezuela, lo único que queda es controlar la tierra. Muchos se aferran a la esperanza de que todavía sea posible algún tipo de solución negociada, aunque es difícil imaginar una que satisfaga tanto a Maduro como a la Casa Blanca.
Sin embargo, al examinar la lección de Panamá, una cosa sigue estando clara: si bien este conflicto moderno puede ser menos convencional que la invasión de la Navidad de 1989, la situación explosiva en Venezuela no tiene menos potencial para estallar en cualquier momento, como sucedió con la muerte del teniente Robert Paz en Panamá, y derivar en algo mucho mayor.
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