Los congresistas republicanos de Florida, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Gimenez pidieron a la administración del presidente Donald Trump cerrar lo que consideran “lagunas” en el régimen de sanciones contra Cuba, informó la cadena Fox News.
Los representantes cubanoamericanos solicitaron al Departamento de Comercio y el Tesoro revisar y revocar licencias de exportación por más de 100 millones de dólares que permiten el envío de bienes a la isla. En una carta dirigida a funcionarios de ambas agencias, los congresistas dijeron estar “sumamente preocupados” por operaciones comerciales de empresas estadounidenses con entidades controladas por el Estado cubano, al que Washington designa como patrocinador del terrorismo.
En su misiva, los congresistas instaron a una auditoría exhaustiva de todas las licencias activas y a revocar aquellas que “proporcionen beneficios económicos directos o indirectos” al régimen, en línea con la Ley Helms-Burton de 1996. También respaldaron las medidas ya adoptadas por la Casa Blanca y el Departamento de Estado contra La Habana.
“Esa actividad corre el riesgo de socavar los objetivos centrales de la política de sanciones de Estados Unidos y contradice la intención del Congreso reflejada en la legislación estadounidense, incluida la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática (LIBERTAD) de 1996”, recoge el texto.
Estas licencias también ignoran la voluntad explícita del Congreso de que las sanciones se “mantendrán hasta que se establezca un gobierno de transición en Cuba”, apuntaron.
El llamado ocurre después de que el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtiera que el país se prepara para un escenario de desabastecimiento agudo de combustible que podría obligar a reactivar medidas de emergencia similares a la llamada “opción cero” de los años 90.
Los legisladores, sin embargo, defendieron la línea dura. Afirmaron que parte de las licencias vigentes autorizan exportaciones de artículos que, lejos de aliviar la crisis de la población, “benefician al régimen y a conglomerados controlados por los militares”. Entre los bienes citados figuran productos de alto valor que, apuntaron, llegan a direcciones vinculadas a instituciones estatales en La Habana.
En una publicación en la red social X, Salazar apuntó que “las sanciones son para cortar los recursos del régimen y frenar su represión contra el pueblo de Cuba. Pedimos revocar cualquier licencia que beneficie, directa o indirectamente, a entidades controladas por la dictadura, reforzar el escrutinio y hacer cumplir plenamente la Ley LIBERTAD”.
