Durante la última década, la inclusión financiera ha avanzado a un ritmo que hace algunos años parecía improbable. La digitalización de pagos, la expansión de la banca móvil y el crecimiento del ecosistema fintech han permitido que millones de personas accedan por primera vez a productos financieros.
Pero detrás de este avance aparece una pregunta relevante para la economía real: ¿tener acceso significa necesariamente ejercerlo con conocimiento?
Los datos sugieren que no siempre.
De acuerdo con el Global Findex del Banco Mundial, cerca del 79% de los adultos en el mundo cuenta hoy con una cuenta financiera, un salto significativo frente al 51% registrado en 2011. En las economías de ingresos bajos y medios, alrededor del 75% de la población adulta tiene acceso a una cuenta, impulsado principalmente por la expansión de pagos digitales y productos financieros móviles.
El avance es innegable. Sin embargo, el mismo informe advierte que entre 1,300 y 1,400 millones de adultos siguen fuera del sistema financiero, y que incluso entre quienes ya tienen acceso a un producto, persisten limitaciones importantes para utilizarlo de manera efectiva.
En otras palabras, la inclusión financiera ha avanzado más rápido que la capacidad de aprovecharla.
México refleja bien esta dinámica.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, 76.5% de las personas entre 18 y 70 años cuenta con al menos un producto financiero formal, lo que representa un avance de más de ocho puntos porcentuales respecto a 2015.
El país ha logrado ampliar de forma importante el acceso al sistema financiero: 63% de la población tiene una cuenta de ahorro, 37.7% cuenta con algún crédito formal, 22.9% tiene un seguro y 42.2% dispone de una cuenta de ahorro para el retiro.
Sin embargo, el acceso por sí solo no garantiza estabilidad financiera.
Una proporción relevante de los hogares mexicanos continúa dependiendo de mecanismos informales para enfrentar emergencias económicas o administrar su liquidez. Este fenómeno sugiere que el verdadero reto ya no es únicamente ampliar el acceso al sistema financiero, sino fortalecer la capacidad de las personas para utilizarlo de forma estratégica.
Desde la experiencia del sector financiero, esto se observa con claridad en el comportamiento de los usuarios.
Por ejemplo, dentro de la base de clientes de Provident en México, 66% de la cartera está conformada por mujeres, con un monto promedio de crédito solicitado de 8,114 pesos, ligeramente superior al promedio masculino.
Más relevante aún es que una proporción importante de estas clientas vuelve a utilizar el crédito como herramienta financiera: 14% solicita un segundo crédito y 13% un tercero, lo que refleja que el financiamiento puede convertirse en un instrumento recurrente para gestionar gastos o fortalecer actividades económicas.
En algunos casos, estos recursos se destinan incluso a financiar pequeñas actividades productivas, un uso que creció después de la pandemia.
Pero estos beneficios no ocurren automáticamente.
El crédito, el ahorro o los seguros pueden ser herramientas poderosas para mejorar la estabilidad económica de los hogares, pero también implican riesgos cuando se utilizan sin información suficiente o sin una planeación financiera adecuada.
Por eso cada vez más organismos internacionales han comenzado a vincular la inclusión financiera con un tema que durante años pareció ajeno al sistema financiero: la educación.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que promueve una educación de calidad, también se ha convertido en un referente para el desarrollo de capacidades financieras. Comprender conceptos básicos como presupuesto, ahorro, crédito, protección financiera o inversión se ha vuelto una habilidad económica esencial en una realidad cada vez más digital.
La expansión del sistema financiero es, sin duda, una buena noticia. Más personas pueden ahorrar, acceder a crédito o protegerse frente a riesgos.
Pero el verdadero impacto de la inclusión financiera no se mide únicamente por el número de cuentas abiertas o de productos disponibles.
Se mide por la capacidad de las personas para utilizarlos de manera informada y sostenible.
La inclusión financiera abre la puerta.
La educación financiera determina qué tan lejos se puede avanzar una vez que esa puerta está abierta.
