¿Cuánto tiempo más va a durar la guerra en Irán?
El discurso de Donald Trump el pasado miércoles 1 de abril generó más incertidumbre estratégica que certezas. El mercado no escuchó una ruta de salida. Escuchó amenazas, plazos difusos, promesas de fuerza y una idea apenas insinuada de que, con “algo más de tiempo”, Estados Unidos podría reabrir el estrecho de Ormuz.
Eso no es una estrategia. Es, en el mejor de los casos, una apuesta. Y los mercados, cuando perciben apuestas en lugar de una hoja de ruta, cobran una prima más alta.
Eso explica por qué el consenso que empieza a perfilarse en casas de análisis no apunta a una resolución inmediata, sino a una crisis que puede seguir encareciendo la energía aun si no desemboca en el peor escenario militar.
J.P. Morgan mantiene como escenario base una salida negociada, con reapertura paulatina de Ormuz y mayor uso de inventarios para amortiguar el golpe. Pero incluso en ese escenario relativamente benigno, el petróleo seguiría en niveles altos durante buena parte del segundo trimestre. Y si la disrupción persiste hasta mediados de mayo, la proyección escala a los 150 dólares por barril.
Ese punto importa mucho. Porque en el debate público suele plantearse el conflicto como una pregunta binaria: o hay guerra abierta y el mundo se hunde, o hay negociación y todo vuelve a su cauce. Lo que están configurando los hechos es algo más incómodo: un largo territorio gris.
Irán no ha cerrado Ormuz de manera hermética; lo administra selectivamente. Ha autorizado el tránsito a buques de China, India, Pakistán, Malasia, Tailandia y Filipinas. Pakistán negoció el paso de 20 embarcaciones bajo su bandera y ofreció su registro a operadores de otros países. Un carguero de CMA CGM con propiedad francesa cruzó el estrecho el jueves señalando en su sistema de navegación “Owner France” para identificarse ante las autoridades iraníes, según datos reportados por Al Jazeera.
Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad de la ONU ha sido incapaz de articular una respuesta. La resolución impulsada por Bahréin para autorizar el uso de “medios defensivos” en la protección de la navegación fue aplazada por segunda vez ayer: originalmente programada para el viernes, reprogramada al sábado y finalmente pospuesta a la próxima semana sin fecha definida.
China se opone abiertamente a cualquier autorización del uso de fuerza; Rusia denuncia lo que llama medidas unilaterales. Francia, que inicialmente bloqueó el texto junto con ambas potencias, ha matizado su posición: su embajador ante la ONU declaró el jueves que corresponde al Consejo articular “la respuesta defensiva necesaria”. En otras palabras, no hay cierre total del estrecho, pero tampoco garantía de navegación normal; no hay guerra que escale, pero sí una perturbación suficiente para alterar precios, primas de riesgo y decisiones de inversión.
La consecuencia económica global se parece cada vez más a una versión renovada del viejo fantasma de la estanflación. Un miembro de la junta del Banco de Japón advirtió esta semana que la guerra puede generar simultáneamente un freno a la actividad y presiones inflacionarias difíciles de combatir con política monetaria; un ex funcionario del propio banco, Nobuyasu Atago, fue más directo al señalar a Reuters que Japón podría sufrir estanflación este verano.
Por otro lado, la FAO reportó el viernes que los precios globales de alimentos subieron 2.4% en marzo —su nivel más alto desde septiembre pasado— y advirtió que, si el conflicto rebasa los 40 días, los agricultores podrían reducir siembras y uso de fertilizantes, con efectos que se extenderían hasta 2027.
En Italia, el gobierno de Meloni extendió el viernes mismo el recorte de impuestos al combustible hasta mayo, con un costo de 500 millones de euros, reconociendo que el choque energético exige flexibilidad fiscal. La conclusión implícita es clara: cuando el costo de la energía sube por razones geopolíticas, la política monetaria y la fiscal quedan atrapadas. Combatir la inflación puede profundizar la desaceleración; estimular la economía puede agravar el problema de precios.
En ese marco, la mayor debilidad de Trump no ha sido militar sino narrativa. Quiso transmitir control, pero lo que transmitió fue improvisación. El discurso del miércoles no definió objetivos verificables ni condiciones de salida.
Sus indicaciones posteriores —que los países dependientes de Ormuz debían “agarrar y cuidar” ese paso marítimo, que Estados Unidos “no lo necesita”— reforzaron la impresión de que Washington decide sobre la marcha. Y el patrón de fechas límite que él mismo impone y después aplaza lo confirma: primero dio 48 horas para que Irán abriera el estrecho, después extendió el plazo cinco días, luego lo recorrió al 6 de abril.
Mañana lunes vence esa fecha. Trump amenazó con destruir las plantas eléctricas de Irán si el estrecho no se abre; ayer reiteró que quedan 48 horas. Eso es justamente lo que más castigan los mercados: no sólo el conflicto, sino la ausencia de una brújula creíble en la principal potencia del planeta. Cuando la Casa Blanca no logra explicar cómo va a terminar la guerra, el petróleo sube, las bolsas se ponen nerviosas y las decisiones de inversión se congelan.
¿Y México? Aquí conviene resistir las simplificaciones. Durante años se asumió que un petróleo caro equivalía casi automáticamente a una buena noticia fiscal. Hoy esa lectura resulta insuficiente. Sí: si el precio del crudo sube, el sector público puede recibir ingresos adicionales por exportación petrolera y eso podría compensar, al menos parcialmente, el costo de reducir el IEPS a las gasolinas para evitar un traspaso completo al consumidor de los mayores precios de importación.
Pero, compensar parcialmente no es lo mismo que quedar blindado. Si la energía cara desacelera a Estados Unidos, México terminaría resintiendo exportaciones más débiles, menor inversión y una base recaudatoria menos dinámica. El alivio petrolero podría llegar por una ventanilla y la pérdida tributaria por varias más.
Las cifras sobre las finanzas públicas a febrero que Hacienda presentó el 30 de marzo ayudan a dimensionar el caso. El arranque del año fue mejor de lo esperado: los ingresos tributarios crecieron 2.6% real en el primer bimestre, el IEPS aumentó 14.2%, el ISR avanzó 4.9% y el balance primario arrojó un superávit de 61 mil millones de pesos frente al déficit programado. Pero el IVA cayó 8.8% —en buena medida por la apreciación cambiaria— y los impuestos a las importaciones retrocedieron 7.2% en términos reales.
Es una posición fiscal mejor que la que muchos temían, pero no lo bastante robusta como para absorber sin costo un choque externo prolongado. Cabe recordar que, desde marzo, Hacienda ya activó estímulos fiscales al IEPS de combustibles para contener el traspaso de precios al consumidor, lo que representa pérdidas tributarias para el sector público.
Por eso la tesis más sólida hoy no es que el conflicto vaya a beneficiar o a hundir a México, sino que lo coloca ante una prueba más exigente de administración del riesgo.
Si en las próximas semanas prevalece la negociación y el tránsito por Ormuz se normaliza gradualmente, el episodio dejará un costo manejable y probablemente transitorio. Pero si Trump sigue lanzando mensajes contradictorios y la crisis se extiende, el impacto dejará de ser sólo petrolero.
Se convertirá en un impuesto geopolítico más amplio: energía más cara, alimentos presionados, menor crecimiento externo, más volatilidad financiera y una autoridad obligada a usar con mucha precisión los pocos grados de libertad que conserva.
Lo más peligroso, a estas alturas, ya no sería una bomba más. Sería la prolongación de la incertidumbre.
