Las calles de La Habana se han convertido en el escenario de lo que fuerzas del orden denominan “operación contención” u “operación rastrillo”: Elementos de la Brigada Especial Nacional (BEN), conocidos como Boinas Negras, y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) patrullan puntos estratégicos de la capital con un objetivo específico: identificar, retener y coaccionar a personas que presentan deudas de multas estatales.
El periodista independiente Pablo Morales Marchant vivió en carne propia lo que califica como una “arbitraria experiencia”. El pasado miércoles, mientras se encontraba en el concurrido Parque de la Fraternidad, en La Habana Vieja, fue interceptado por efectivos que procedieron a verificar su identidad en el Registro Operativo Policial.
“Me dijeron: ‘espera, que te vamos a tirar por el registro a ver qué le sale a usted'”, relató Morales. El resultado del sistema arrojó una deuda de 32.000 pesos cubanos, cifra que se había duplicado tras meses de impago.
La multa original fue impuesta tiempo atrás por un agente de la Seguridad del Estado bajo el cargo de “actividad económica ilícita”.
Tras ser detectado como “deudor”, Morales Marchant fue trasladado a pie hasta la unidad policial de la calle Dragones. Allí permaneció detenido durante 17 horas, un periodo marcado por la presión psicológica para forzar el pago de la sanción.
Antes de su liberación, el periodista fue obligado a firmar un “acta de advertencia” en la que se comprometía a pagar la multa: “Dicen ellos que esto, primeramente, es como un trabajo profiláctico en que ellos te dicen que debes esa multa y si no la pagas, ya después lo toman como un acto de desobediencia”.
Sin embargo, para los afectados y observadores de derechos humanos, se trata de una estrategia de asfixia económica y legal. El uso de fuerzas de élite del Ministerio del Interior (MININT) como los Boinas Negras para el cobro de multas administrativas subraya la militarización de la vigilancia cotidiana en Cuba.
La advertencia es clara para los ciudadanos: cualquier encuentro rutinario con la policía en parques o plazas puede derivar en un arresto prolongado y en la apertura de causas penales por “desobediencia” si existen impagos previos, cerrando un cerco legal sobre la población en medio de la crisis económica que atraviesa la isla.
“En la unidad había muchos muchachos jóvenes, alrededor de 20, afrodescendientes, la mayoría menores de 30 años, y había hasta dos adolescentes. Un tercio de ellos eran deudores, 118,000, 32,000, 8000. Están condicionando que si no pagas vas para la prisión”, detalló el comunicador.
“Es abusivo lo que están haciendo estos esbirros, están sacando a gente de la prisión y metiendo otras, aconsejando que vendan sus pertenencias para pagar multas puestas arbitrariamente y de manera abusiva”, recalcó.
