La semana pasada aventuramos algunas hipótesis respecto al porqué, a pesar de que la presidenta de la República no contaba con los votos necesarios para que sus iniciativas prosperaran, insistió a sabiendas de que perdería.
Entre las hipótesis estaba la de cumplir con un “compromiso de campaña” y que el costo de no atenderlo recaería en los que se opusieron, aunque fueran los aliados; otra era que se trataba de una cortina de humo para distraer la atención sobre temas más complejos y delicados como la relación con Estados Unidos, la geopolítica internacional, la seguridad doméstica, malos indicadores económicos, etcétera.
Finalmente, planteé la hipótesis de que quien pudo haber frenado la iniciativa fue su antecesor, ya que si ella lograba adelantar la revocación de mandato del 28 al 27, podría “renovar la confianza pública” y, además con ello, favorecer victorias para su propio partido, reduciendo su dependencia con López Obrador.
Esta posibilidad habría motivado la intervención de este último para impedirlo.
Más allá de esas u otras hipótesis, la pregunta pertinente es si eso significa una ruptura estructural dentro del bloque dominante o bien solamente un tropiezo coyuntural.
Si consideramos el calendario político electoral que se avecina, Morena no puede prescindir de la coalición con el PT y el Verde al menos hasta después del 27; su continuidad, además, dependerá de los resultados de esas elecciones. Veamos algunas cuestiones.
En primer lugar, por lo que hace a las tres consejerías del INE que quedaron vacantes a partir del pasado 4 de abril, la designación de sus relevos requiere el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, lo que hace indispensable el respaldo del PT y del Verde.
Habrá quien con razón afirme que no es razón suficiente, ya que el Consejo General del INE podría sobrevivir con 8 de sus 11 integrantes, como lo hizo el Tribunal Electoral durante 22 meses en pleno proceso electoral presidencial. Total, se contaba con la mayoría necesaria para resolver a conveniencia.
Pero veamos algo que puede ser una consideración pragmática que lleve a conservar la coalición a pesar del “agravio por el desacato”. El próximo año habrá una gran cantidad de elecciones que no solo renovarán importantes cargos públicos, sino que prefigurarán las tendencias y escenarios para el 2030, para las cuales Morena requiere, al menos en el corto plazo, de sus “aliados”.
Para ilustrar lo anterior, me referiré a los comicios que involucran a 12 de las 17 gubernaturas que estarán en juego, en las que la coalición puede hacer la diferencia.
Si bien el calendario electoral indica que las candidaturas se definirán hasta febrero del 2027, Morena ya detonó el proceso como lo hizo AMLO en el 2023, por cierto, con la venia del Tribunal Electoral, así que las decisiones al respecto están a la vuelta de la esquina y, por lo mismo, las negociaciones correspondientes.
Iniciemos con lo obvio: Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro están gobernados por AN, y Morena, para ser competitivo, requiere de la coalición.
Nuevo León es un caso particular; el electorado tendrá tres opciones: MC, que al parecer irá solo, y por definir si el nepotismo se impondrá en la figura de la esposa del actual gobernador; el presidente de la capital podría ser postulado por PRI y PAN, aunque este último ha sostenido que no quiere repetir esa coalición, pero la realidad puede imponerse. Morena para figurar necesita al PT y al Verde.
Pasemos ahora a entidades en las que sus aliados gobiernan, Quintana Roo y San Luis Potosí. En el primer caso, se trata del reducto embozado del Verde; renovarlo requiere de la alianza, y el segundo enfrentará el empeño del actual gobernador por imponer a su esposa en la sucesión (parece que me remonto, al menos, al siglo XVIII), lo que significa desacatar la prohibición contra el nepotismo de CSP y con ello romper la coalición.
Siguen en la lista estados gobernados por la alianza, pero fuertemente cuestionados; se trata de Baja California, Campeche y Sinaloa.
El primero con una gobernadora que tuvo que “divorciarse” para paliar el retiro de su visa por sospechas de ser permisiva frente al crimen organizado, una gobernadora que pierde credibilidad y abre frentes con frecuencia, como las disputas con su antecesor que ya llegaron a lo penal. De Campeche, ni hablar, un desastre de gobierno que además hace seis años enfrentó una fuerte oposición del candidato de MC.
Finalmente, en este bloque Sinaloa, gobernado por quien seguramente encabeza la lista del gobierno norteamericano de funcionarios públicos vinculados al crimen organizado, razón por la cual probablemente no ha podido mejorar el clima de seguridad en la entidad a pesar de contar con un amplio despliegue de efectivos federales.
En estos tres casos, el cuestionamiento social presagia malos resultados a pesar de la alianza.
Guerrero y Zacatecas ofrecen a la coalición gobernante retos distintos a los anteriores; si bien una escasa oposición, el freno al nepotismo puede conducir a fracturas costosas para Morena.
Sonora es un caso particular, un gobierno que quedó lejos de las expectativas, que no tiene un relevo visible y que encuentra en el presidente municipal de Hermosillo una figura que puede congregar a las oposiciones.
En este contexto, el desenlace no dependerá solo de Morena y sus aliados, sino también de la capacidad de la oposición para articular alternativas y de la participación de la ciudadanía. Sin ambos factores, Morena podría prescindir de sus actuales acompañantes.
