El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian que se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judío-israelíes.
El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga -salvo excepciones sin definir- a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación en el plenario de la Knéset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben Gvir.
Así lo hicieron la mayoría de parlamentarios del partido de Netanyahu, el Likud, y todos los partidos de su coalición menos el ultraortodoxo Yahadut HaTora (Judaísmo de la Torá). El ultraderechista Israel Beitenu (Nuestro Hogar Israel), en la oposición, votó en cambio a favor.
Oposición vota en contra de legalizar la pena de muerte en Israel
En general, los partidos de la oposición, incluyendo Yesh Atid (Hay Futuro), Kachol Lavan (Azul y Blanco) y los árabes Hadash y Taal (Movimiento Árabe para la Renovación), votaron en contra.
Tras aprobarse la reforma, cuyo escrito no ha sufrido cambios tras pasar por comisión parlamentaria la semana pasada, Ben Gvir intentó descorchar una botella de champán, pero un ujier se lo impidió. Pocos minutos después, se detectó un lanzamiento de misiles de Irán hacia la región de Tel Aviv.
“La ley es populista, inmoral, no igualitaria”, condenó durante el debate de este lunes el diputado Matti Sarfatti, de Yesh Atid, calificándola de “claramente inconstitucional”.
La ejecución de la pena de muerte, según la normativa, deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días por el Servicio Penitenciario tras la sentencia, mediante ahorcamiento, con regulaciones específicas sobre la detención separada del recluso, el acceso restringido a autoridades y familiares y la supervisión de la ejecución.
El debate en la Knéset se prolongó durante más de 10 horas y estuvo marcado por intervenciones emotivas y críticas.
