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- Autor, Leire Ventas
- Título del autor, Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles
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Cuando a Jenny Lisette Flores la arrestaron tratando de ingresar sola a Estados Unidos, poco se imaginaba que un acuerdo con su nombre terminaría protegiendo durante tres décadas a menores en su misma condición.
Corría por entonces mayo de 1985 y Flores, una salvadoreña de 15 años, huía de un país en plena guerra civil.
El plan era reunirse con su madre, quien había hecho su misma ruta antes, y otros familiares que ya residían en EE.UU.
Pero quedó frustrado cuando agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés) la interceptaron cerca de San Ysidro, un municipio de California fronterizo con Tijuana, México.
El INS, antecesor del actual Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tenía por aquel entonces un centro de detención a unos 200 km de allí, en Pasadena, al norte de Los Ángeles.
Era un hotel de los años 50 en forma de herradura al que habían vaciado la piscina y rodeado de alambre espino.
Viéndose allí recluida de forma indefinida en condiciones precarias, Flores se embarcó en una odisea legal junto a otras tres menores también detenidas en una demanda colectiva interpuesta por tres organizaciones de derechos civiles.
Aquello desembocaría –12 años después— en un acuerdo de conciliación que establecería los estándares mínimos para el tratamiento de niños y jóvenes migrantes bajo la custodia de las autoridades estadounidenses: el llamado Acuerdo Flores.
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Un marco que debía ser temporal pero que, a falta de regulaciones más permanentes y a pesar de haber sido objeto de constantes debates y litigios, sigue hoy vigente, mientras la administración Trump intenta desmantelarlo.
Después de que el Departamento de Justicia presentara en mayo una moción solicitando precisamente eso, un grupo de organizaciones respondió con otra.
Ambas serán consideradas en una audiencia judicial en Los Ángeles este viernes, después de la cual se espera que una jueza federal decida sobre su futuro.
La demanda colectiva
En las desvencijadas instalaciones de Pasadena, Flores coincidió con sus compatriotas Dominga Hernández Hernández y Ana María Martínez Portillo, ambas de 16 años, y Alma Yanira Cruz-Aldama, de 13.
Como ella misma, habían sido interceptadas por agentes del INS en localidades colindantes con México; cerca de Calexico (California), Laredo (Texas) y San Ysidro, respectivamente.
Y, según relataron, sus experiencias durante el arresto habían sido similares, con revisiones corporales —vaginales incluidas– y trato despectivo.
Consideradas “deportables” por ingresar a territorio estadounidense sin haberse sometido a una inspección del INS, las cuatro menores permanecían en el centro de detención en habitaciones compartidas con decenas de adultos, sin acceso a espacios recreativos, actividades educativas u ocio de ningún tipo, ni visitas familiares.
Y lo hacían sin fecha de salida, a pesar de tener adultos que residían de forma legal en EE.UU. dispuestos a hacerse cargo de ellas mientras un tribunal de inmigración resolvía sus casos.
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En aquel tiempo el INS, con el comisionado Harold Ezell al frente, nombrado en el cargo por el entonces presidente Ronald Reagan, solo permitía la liberación de menores bajo custodia estatal a sus padres o tutores legales, lo que dejaba a muchos de ellos en detención indefinida aun sin tener cargos en contra.
Además de pagar una fianza, los progenitores o tutores legales debían presentarse en persona y someterse a un interrogatorio.
La madre de Flores, inmigrante indocumentada, se rehusó, por temor a ser ella misma detenida y deportada a un El Salvador sumido en un cruento conflicto armado.
En su lugar, se ofrecieron a responsabilizarse de la adolescente unos parientes cercanos: Mario Hugo Gálvez-Maldonado, quien era ciudadano estadounidense, y su esposa, residente permanente.
“Las condiciones bajo las cuales se encarcela a estos menores, junto a la negativa de considerar dejarlos libres en manos de responsables adultos disponibles, desmiente la preocupación por su bienestar que los demandados manifiestan sentir”, se lee en la demanda colectiva interpuesta por tres organizaciones el 11 de julio de 1985 contra el fiscal general de EE.UU., el INS, su comisionado y dos empresas privadas que gestionaban los centros de detención.
En su recurso, los abogados del National Center for Immigrants’ Rights, la ACLU Foundation of Southern California y el National Center for Youth Law señalaban a los demandados de utilizar a los detenidos de “cebo”.
“Más bien, las políticas y prácticas de los demandados son un instrumento poco disimulado para aprehender a los progenitores de los jóvenes encarcelados”, reza el texto original de la demanda.
En ella, se argumentaba además que las condiciones de detención de estos violaban los derechos que garantizan las cláusulas de Debido Proceso y Protección Igualitaria recogidas en la 14 Enmienda de la Constitución.
12 años de tribunal en tribunal
Diez días después de ser interpuesta la acción judicial, un juez ordenó la liberación de las adolescentes como medida cautelar, aclarando que no lo hacía por “rescatarlas de una situación intolerable, sino por proveerles de un entorno y un ambiente más saludables”, según reportó en su momento la agencia AP.
Pero el caso de Flores et al siguió su curso, circulando a lo largo de los años por múltiples instancias judiciales.
Así, en 1988 un tribunal federal ordenó la modificación de las normas de detención de menores migrantes y la provisión inmediata de audiencias judiciales.
Y en 1993 sufrió un revés, cuando la Corte Suprema falló (6 a 3) a favor del gobierno, con el argumento de que los menores indocumentados no tenían derecho constitucional a ser dejados libres en manos de alguien que no fuera un pariente cercano.
Finalmente, en 1997, durante la administración del demócrata Bill Clinton, ambas partes alcanzaron un acuerdo de conciliación, lo que se conoce como el Flores Settlement Agreement (FSA), el Acuerdo Flores.
Vigente hasta hoy, recoge el estándar nacional para el trato a menores migrantes durante la detención y custodia, y otorga a los jueces la autoridad de hacerlo cumplir.
- Los menores deben ser mantenidos en el entorno menos restrictivo posible.
- Han de ser liberados sin demoras innecesarias a sus padres, tutores legales u otros adultos responsables.
- En caso de no ser dejados libres, deben ser alojados en instalaciones seguras y sanitarias.
- Las instalaciones deben cumplir con los requisitos básicos de atención, incluyendo alimentación, agua potable, servicios médicos, higiene y protección contra abusos.
- Se prioriza la reunificación familiar siempre que sea posible.
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Bajo la estructura actual, una de sus indicaciones es que, tras ser arrestados por la Patrulla Fronteriza, los menores no deben pasar más de 72 horas en los centros de detención de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y han de ser transferidos a albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Estos albergues deben ofrecerles alimentación, higiene, atención sanitaria y servicios educativos y acceso a abogados, señala el acuerdo.
Las organizaciones en defensa de los migrantes denuncian que, con frecuencia, el límite temporal no se respeta y se retiene a menores durante periodos prolongados.
El acuerdo es claro en sus expectativas, aunque siempre ha dependido de monitoreo, advierte Sergio Pérez, director ejecutivo del Center for Human Rights and Constitutional Law.
Y es que permite que abogados inspeccionen las instalaciones de detención que albergan a menores migrantes, para determinar si las condiciones son las adecuadas y si el gobierno está cumpliendo con las disposiciones del acuerdo judicial.
“Ha estado vigente durante décadas, pero el gobierno federal de turno no siempre ha logrado satisfacer sus muy básicos y limitados requisitos”, subraya Pérez.
Varios intentos de desmantelamiento
En todos estos años se han ido aprobando legislaciones y emitiendo dictámenes con respecto a la detención de menores migrantes, al tiempo que el Acuerdo Flores ha sido objeto de disputas legales y críticas por parte de diversos gobiernos, sobre todo en momentos de crisis migratorias.
Durante la presidencia del republicano George W. Bush, la Ley de Seguridad Nacional de 2002 dividió las responsabilidades de procesar y cuidar a los niños migrantes, que pasaron del INS al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).
Aunque el acuerdo inicialmente se aplicaba mayormente solo a menores no acompañados, en 2015 la jueza federal Dolly M. Gee, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Centro de California, extendió las protecciones a los niños migrantes detenidos con sus padres, limitando en general su detención a 20 días.
El gobierno del demócrata Barack Obama luchó contra ese dictamen, ya que buscaba disuadir a las familias migrantes que cruzaban la frontera con México de manera irregular manteniéndolas detenidas mientras se decidían sus casos de asilo.
Para ello estableció centros de detención familiar en los estados de Texas y Pensilvania, desatando críticas por las condiciones en estos.
La llegada de Trump
Su administración, que sostenía entonces que dicho decreto de consentimiento no era más que “un vacío legal” que promovía la inmigración no autorizada, en agosto de 2019 se dispuso a aprobar regulaciones destinadas a reemplazarlo.
Pero en septiembre de ese año la jueza Gee bloqueó el esfuerzo, ratificando la vigencia de los estándares recogidos por el Acuerdo Flores. Y en diciembre el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, con sede en San Francisco, reafirmó la mayoría de las conclusiones de Gee.
Los intentos de desmantelar ese marco de protección no acabaron con la primera administración Trump, y con su segunda llegada al poder ha dado pasos en esa misma dirección, aprobando medidas que impactan directamente sus disposiciones.
En mayo, el Departamento de Justicia presentó una moción solicitando el fin definitivo del Acuerdo Flores, alegando que impide al Ejecutivo establecer una política de inmigración e incentiva los cruces irregulares de familias y de niños que migran solos.
“Después de 40 años de litigios y 28 del control judicial sobre un elemento vital de la política migratoria de EE.UU. por parte de un tribunal situado a más de 100 millas (160 km) de cualquier frontera internacional, es hora de que este caso termine”, explicó el Departamento al interponer la acción legal ante el tribunal que encabeza la jueza Gee, situado en Los Ángeles.
Y argumentó también que, a través de leyes y regulaciones, algunas de las disposiciones del acuerdo están hoy en día codificadas.
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Como reacción, abogados del Center for Human Rights and Constitutional Law, el National Center for Youth Law y Children’s Law presentaron en junio una contramoción.
“El de la administración es un argumento que ha sido demostrado equivocado en los tribunales. En su día presentamos informes objetivos y no sesgados en los que expertos y académicos, basándose en datos y hechos, afirman que el Acuerdo Flores no es un imán para la inmigración”, le dice a BBC Mundo Sergio Pérez, del Center for Human Rights and Constitutional Law.
“Además, el argumento de que los tribunales federales están suplantando el poder político del Ejecutivo a través de Flores es ridículo, sobre todo dado que el acuerdo fue firmado voluntariamente por un gobierno”.
Con su acción legal, además de oponerse a la solicitud del Departamento de Justicia de poner fin al decreto de consentimiento, las organizaciones exigen más supervisión para los niños en detención de inmigración.
En el documento, recopilan testimonios de niños y de familias que denuncian el trato recibido, confiando que su crudeza sirva para frenar la moción del gobierno de Trump.
“Los agentes son muy groseros. Hablan en inglés pensando que no entendemos, pero puedo comprender lo que dicen. Escuché a uno decir de nosotros: ‘Huelen a mierda’. Y otro respondió: ‘Son una mierda'”, dice una de las declaraciones, la de un menor de 16 años detenido junto a su madre y dos hermanos.
“Hay un contenedor de agua muy sucio con un fuerte olor a químicos. Nos dijeron que ese es el agua que teníamos para beber”, se lee en otra.
“Hace mucho frío en la celda. Nos dan una manta de aluminio, pero no es suficiente para mantenernos calientes. Solo tenemos un colchón delgado en las literas. Es muy difícil dormir”, reza otra.
Fuente de la imagen, Reuters
Este viernes ambas partes se verán las caras en una audiencia en Los Ángeles frente a la jueza Gee, quien deberá decidir sobre la vigencia y necesidad del Acuerdo Flores.
“El mayor temor es que, si se acaba con el acuerdo, perdamos una línea crucial de transparencia y rendición de cuentas”, subraya Pérez.
“Nuestros abogados no tendrían acceso a estos centros de detención e instalaciones de inmigración, que son ya unas cajas negras, a las que hoy por hoy no puede entrar cualquier otro abogado o los periodistas para observar lo que allí ocurre”, prosigue.
“Sin Flores, las condiciones estarían dadas para el abuso y la violación de derechos”.
De Jenny Lisette Flores, la adolescente salvadoreña que le dio nombre, ya se perdió el rastro.
Quienes trabajaron en su caso han dicho que no saben si terminó quedándose en EE.UU. o regresó a El Salvador.
Lo que queda es su legado. Un legado que podría ahora estar en peligro.
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