La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un contundente fallo contra el Estado cubano al publicar un Informe de fondo en el cual determina la ilegalidad de la detención y posterior condena a nueve años de prisión del músico Maykel Castillo Pérez, cofundador del Movimiento San Isidro y conocido artísticamente como “El Osorbo”.
“Condenar a un artista a nueve años de prisión por desacato y desórdenes públicos es criminalizar la protesta y silenciar la crisis”, dijo a Martí Noticias, Edgar Stuardo Ralon Orellana, el Presidente de la CIDH y su relator para Cuba.
El estudio concluye que el gobierno cubano es responsable de violar múltiples derechos fundamentales protegidos por la Declaración Americana, en un caso que la Comisión enmarca dentro de un “contexto de agravamiento del hostigamiento” contra artistas, activistas y periodistas independientes en la isla.
“Donde se castiga una canción, se castiga toda una sociedad, porque pensar distinto y expresarse en contra de un régimen no puede tener como consecuencia una persecución penal sin garantías y penas de prisión hasta de nueve años”, recalcó el alto funcionario.
Los hechos se remontan al 4 de abril de 2021, cuando agentes de la policía intentaron detener a Castillo en La Habana bajo el argumento de no portar su documento de identidad, luego de que cuestionara el trato policial hacia un ciudadano.
Tras el incidente, el rapero se refugió en la sede del Movimiento San Isidro junto a otros activistas, donde interpretaron canciones de protesta. Semanas después, el 18 de mayo de 2021, fuerzas de la Seguridad del Estado ejecutaron su arresto.
La CIDH ha denunciado formalmente que, tras esta detención, el artista fue víctima de desaparición forzada durante 13 días, entre el 18 y el 31 de mayo, y que no se le informaron a tiempo los motivos de su captura ni fue presentado con prontitud ante un juez.
En junio de 2022, el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana condenó al músico a nueve años de privación de libertad por los delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato.
Para el organismo, el uso de estos tipos penales no fue más que una estrategia de “criminalización de la protesta, la expresión artística y la crítica política”, y calificó la sanción como totalmente incompatible con las libertades de expresión, reunión y asociación.
Asimismo, detalló las precarias condiciones de reclusión de Castillo, citando reportes de amenazas y hostigamiento continuo, periodos de aislamiento prolongado y suspensión de visitas familiares y falta de atención médica adecuada, una situación que, según el informe, ha impactado directamente en la integridad de su entorno cercano, incluyendo a la activista Anamely Ramos y a la hija del músico.
El informe de la CIDH, derivado de una petición inicial presentada en julio de 2021 por la organización Prisoners Defenders, ratifica la violación de al menos nueve artículos de la Declaración Americana, que salvaguardan desde el derecho a la vida y la libertad de expresión hasta el debido proceso.
A pesar de que la Comisión transmitió previamente sus conclusiones al Gobierno cubano para que informara sobre el cumplimiento de las recomendaciones, el Estado no respondió en ningún momento.
Ante el silencio de La Habana, la CIDH reiteró formalmente sus demandas al Estado de Cuba y exigió la anulación inmediata de la condena penal del Osorbo, y todas sus consecuencias legales; la reparación integral a la víctima y medidas urgentes de atención a su salud física y mental.
Del mismo modo, reclama una investigación exhaustiva sobre la desaparición forzada que sufrió en mayo de 2021 y reformas normativas para frenar la persecución judicial contra artistas, defensores de derechos humanos y voces disidentes en el país.
Ralon Orellana señaló que el Estado cubano debe acatar el informe de la CIDH. Esto implica reparar a las víctimas, frenar la represión y erradicar las políticas estatales que coartan la libertad de expresión para evitar que estos abusos se repitan.