La aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela sigue generando controversia. Aunque el instrumento fue presentado como una vía para aliviar la presión sobre el sistema judicial y responder a denuncias internacionales, organizaciones de derechos humanos y actores políticos sostienen que su ejecución carece de transparencia y presenta criterios discrecionales.
El debate se centra en la forma en que se están otorgando las libertades. Para Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela, el proceso no responde a estándares claros de justicia, sino que parece condicionado por decisiones selectivas del Estado.
Según explicó en declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE, las autoridades estarían intentando proyectar una imagen de legalidad, mientras mantienen un control político sobre quién accede o no a los beneficios de la ley.
En paralelo, la Red de Excarcelados por la Democracia ha elevado sus exigencias para que se publique una lista oficial de beneficiarios. La organización sostiene que, sin ese registro, resulta imposible verificar el alcance real de la medida ni garantizar equidad en su aplicación.
El exdiputado y expreso político Américo De Grazia, integrante de esta red, advierte que la amnistía no resuelve el problema de fondo. A su juicio, se trata apenas de un mecanismo parcial que no corrige las irregularidades estructurales del sistema judicial venezolano. “Hay muchas irregularidades, muchos vacíos. Obviamente la Ley de Amnistía no es la solución, es un instrumento”, dijo.
Las cifras también reflejan un escenario complejo. De acuerdo con la ONG Foro Penal, al menos 690 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero de 2026, en medio del proceso vinculado a la amnistía. Sin embargo, la organización ha denunciado que en varios casos los tribunales han negado el beneficio incluso a personas que cumplirían con los requisitos legales.
Por su parte, voceros oficiales aseguran que miles de ciudadanos han recibido algún tipo de medida de liberación o alivio judicial. No obstante, estas cifras han sido cuestionadas por organismos internacionales debido a la falta de datos verificables y la ausencia de listados públicos.
De Grazia también subraya que existe una clasificación desigual entre los afectados: quienes siguen detenidos, quienes han sido excarcelados con restricciones, los amnistiados plenamente y aquellos que, pese a su situación, quedan fuera del alcance de la ley.
A este contexto se suma la preocupación por nuevas medidas de control impuestas a la sociedad civil.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha alertado sobre la posible creación de un registro obligatorio para medios digitales, una iniciativa que, según el gremio, no responde a necesidades técnicas sino a una lógica de supervisión estatal.
El planteamiento ha sido comparado con mecanismos del pasado utilizados para identificar y discriminar a opositores políticos, lo que reaviva temores sobre restricciones a la libertad de expresión en el país. Así lo dijo De Grazia, al comparar esta propuesta con la Lista Tascón, publicada con fines discriminatorios, integrando a firmantes opositores al régimen que apoyaron la realización de un referendo contra Hugo Chávez en 2004.
El exdiputado afirma que si hay intenciones del régimen de ofrecer transparencia, “debería iniciar el proceso en el sistema de medios públicos”.
Actualmente, además de los medios bloqueados, se contabilizan al menos 18 trabajadores de la prensa sometidos a procesos judiciales, según el SNTP, en un entorno donde la aplicación de leyes y regulaciones sigue siendo objeto de denuncias por arbitrariedad.
En medio de este panorama, la Ley de Amnistía, lejos de cerrar el capítulo de los presos políticos en Venezuela, abre un nuevo foco de debate sobre justicia, transparencia y garantías reales para la disidencia.
