Representantes de organizaciones del exilio cubano, junto a funcionarios electos del sur de Florida, reclamaron este martes una revisión federal de licencias de exportación que —según denunciaron— autorizan envíos de bienes “no humanitarios” hacia Cuba.
Durante una conferencia de prensa realizada en el puerto de Miami, la activista Rosa María Payá, líder de Cuba Decide y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), agradeció las recientes acciones de Washington contra La Habana y pidió endurecer las medidas financieras y legales contra el régimen cubano.
Payá sostuvo que la isla atraviesa una “catástrofe humanitaria provocada por la dictadura” y afirmó que la ayuda internacional debe llegar directamente al pueblo cubano, sin intermediación estatal. Asimismo, calificó a La Habana como una amenaza a la paz regional y a la seguridad nacional de EEUU, aludiendo a la migración, el espionaje y las alianzas con China y Rusia.
“Poner fin a la dictadura cubana es una necesidad estratégica”, declaró Payá. “No hay estabilización sin democratización”.
Denuncias sobre exportaciones “más allá de lo humanitario”
El doctor Orlando Gutiérrez-Boronat, portavoz de la Asamblea de la Resistencia Cubana, respaldó la iniciativa impulsada por legisladores federales y advirtió que recursos enviados desde EEUU no llegan a la ciudadanía, sino que son “manipulados por la tiranía”.
Gutiérrez-Boronat pidió suspender licencias y revisar negocios que —según afirmó— operan en la comunidad exiliada mientras mantienen vínculos comerciales con Cuba.
“Existe una diferencia entre ayuda humanitaria y comercio de lujo”, señaló.
Carlos Giménez: “Eso tiene que parar”
El congresista Carlos Giménez habló sobre la carta al presidente Donald Trump que recientemente envió, junto a Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, solicitando la suspensión de licencias para compañías que exportan bienes considerados de lujo.
También mencionó investigaciones que identificaron envíos de artículos como vehículos de alta gama, motos acuáticas y jacuzzis, que “no califican como ayuda humanitaria”. “Cada dólar que termina en manos del régimen fortalece el mecanismo de represión”, declaró.
El legislador aseguró que el gobierno cubano enfrenta “su condición más débil en más de seis décadas”.
Miami-Dade: revisión dentro del marco legal
El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, explicó que su oficina realizó una revisión administrativa de negocios bajo su jurisdicción.
Fernández aclaró que su entidad no emite licencias federales ni aplica sanciones internacionales, competencias que corresponden a agencias como el Departamento de Comercio, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado. Sin embargo, enfatizó que todo negocio local debe cumplir con la ley estatal, local y federal.
“Cuando surgen preocupaciones, actuamos dentro de nuestra autoridad legal y respetando el debido proceso”, indicó.
Nathalie Milian Orbis plantea acción legislativa local
La comisionada del condado Miami-Dade, Nathalie Milian Orbis, calificó como “graves” los hallazgos presentados y anunció que trabaja en una propuesta legislativa para impedir que el condado firme contratos y otorgue beneficios a empresas vinculadas a exportaciones de lujo o envíos comerciales a gran escala hacia Cuba.
Milian Orbis cuestionó cómo ciertas exportaciones pueden considerarse humanitarias si los ciudadanos cubanos no pueden poseer o controlar libremente muchos de esos bienes bajo la legislación vigente en la isla.
“No hablamos de comida ni medicinas, sino de camiones de carga y equipos pesados”, afirmó.
Los comisionados municipales, Miguel Ángel Cabrera y Rafael Rosado, expresaron por su parte el respaldo a las gestiones federales y locales e insistieron en la necesidad de reforzar la fiscalización.
Las declaraciones se producen en medio de un renovado debate político sobre las relaciones entre EEUU y Cuba, tras recientes acciones ejecutivas anunciadas por la Casa Blanca.
