Más de 93 mil jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro (LFC) podrían enfrentar reducciones de hasta 60 por ciento en sus pensiones, dependiendo del nivel jerárquico, tras la entrada en vigor de la reforma constitucional que limita estos pagos en el sector público, según la Alianza Nacional de Jubilados.
El decreto, publicado el pasado 10 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece modificaciones al Artículo 127 constitucional para fijar un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos, el cual no podrá superar el 50 por ciento del salario de la Presidencia de la República, lo que equivale a alrededor de 70 mil pesos mensuales.
Ante este escenario, más de 2 mil jubilados provenientes de 29 entidades del país se movilizaron este viernes en Paseo de la Reforma para exigir la suspensión inmediata de la medida y el respeto a sus derechos adquiridos.
“¡Exigimos de manera inmediata que se suspenda la aplicación de esta reforma!”, señaló Enrique Martínez, vocero de la Alianza Nacional de Jubilados, al advertir que la medida representa un punto de quiebre para el sector.
Los inconformes argumentan que el decreto vulnera el principio de no retroactividad establecido en el Artículo 14 constitucional. Señalan que la medida modifica condiciones previamente pactadas al momento de su retiro.
En ese sentido, anunciaron el inicio de una estrategia legal que incluirá la presentación de amparos, así como cabildeo con legisladores y organismos nacionales e internacionales.
“Hoy no estamos aquí como casos aislados, estamos como una alianza nacional que reúne a jubilados de instituciones clave para el país”, afirmó Martínez, al destacar que el movimiento agrupa a extrabajadores que durante décadas participaron en el desarrollo energético, financiero y de infraestructura de México.
‘Pensiones doradas’: Jubilados advierten que irán a tribunales
La modificación constitucional, impulsada por el gobierno federal, tiene como objetivo eliminar las llamadas ‘pensiones doradas’ en organismos públicos y reducir el gasto en este rubro; sin embargo, ha abierto un nuevo frente de disputa legal al contemplar su aplicación en algunos casos a pensiones ya otorgadas.
De acuerdo con los manifestantes, la medida no solo afecta su ingreso mensual, sino que también genera incertidumbre jurídica sobre el respeto a convenios laborales previamente establecidos, lo que podría sentar un precedente para otros trabajadores del sector público.
En respuesta, los jubilados anunciaron el arranque de movilizaciones a nivel nacional, así como el fortalecimiento de su estrategia jurídica para frenar la implementación de la reforma.
“Hoy es contra nosotros, mañana puede ser contra cualquier trabajador”, advirtieron los jubilados durante la protesta.
El gobierno federal ha señalado que la reforma busca eliminar privilegios y acotar las llamadas ‘pensiones doradas’ en el sector público, con el objetivo de generar ahorros cercanos a 5 mil millones de pesos anuales.
Los inconformes adelantaron que el conflicto se perfila ahora hacia tribunales, donde se definirá si el cambio constitucional puede aplicarse sin vulnerar derechos adquiridos en uno de los cambios más relevantes al sistema de pensiones del sector público.
