Por años, cada paquete fiscal llega acompañado de una pregunta inevitable entre contribuyentes y asesores: ¿qué tanto se endurecerá la fiscalización? Para 2026, la respuesta parece clara. Aunque no existe una reforma estructural de gran calado, sí se consolida un modelo basado en mayor control, facultades más ágiles para la autoridad y un énfasis contundente en la prevención del riesgo fiscal.
Un eje rector que atraviesa las nuevas disposiciones: incrementar la recaudación sin modificar radicalmente la arquitectura tributaria. En ese sentido, uno de los cambios más relevantes se centra en los comprobantes fiscales digitales. El SAT contará ahora con facultades de comprobación más específicas y expeditas para verificar si las operaciones amparadas son reales o simuladas. Esto implica que la llamada “materialidad” deja de ser un concepto teórico y se convierte en una exigencia cotidiana. Ya no bastará un contrato; las empresas deberán acreditar la sustancia económica de cada operación con evidencia robusta.
El impacto práctico es inmediato. La suspensión de sellos digitales, una de las sanciones más severas para un contribuyente, podría derivar de inconsistencias formales o documentales. En consecuencia, la selección de proveedores, la trazabilidad de mercancías y el control interno cobrarán un valor estratégico. Para 2026, la prevención ya no es un consejo prudente, sino una obligación operativa.
Otro frente que se fortalece es el de las plataformas digitales. Después de los ajustes en IVA, ahora se incorporan cambios en materia de IEPS, especialmente en juegos, sorteos y apuestas en línea, sectores que crecerán al calor de eventos de alto impacto como la Copa Mundial de fútbol. Estas plataformas enfrentarán mayores obligaciones de reporte y revisiones prácticamente en tiempo real, reflejo de una autoridad que utiliza cada vez más herramientas tecnológicas para fiscalizar transacciones masivas.
En paralelo, el paquete fiscal introduce un cambio de paradigma en la defensa tributaria. La eliminación de facilidades para garantizar el interés fiscal desde el inicio de un recurso implica que los contribuyentes deberán realizar depósitos inmediatos para impugnar créditos fiscales. Este ajuste no solo incrementa la presión financiera, sino que podría desincentivar la litigación y modificar la estrategia tradicional de defensa frente al SAT.
No todo el panorama es restrictivo. Continúan estímulos orientados a la regularización, incluyendo reducciones de multas y recargos para quienes corrijan su situación fiscal. Además, se mantienen incentivos específicos vinculados a actividades relacionadas con la organización y promoción de la Copa Mundial, con el objetivo de dinamizar sectores económicos estratégicos.
En conjunto, el paquete fiscal 2026 confirma una tendencia que se ha consolidado en la última década: más tecnología, más control y menos margen para errores operativos. Para empresas y contribuyentes, el mensaje es inequívoco: anticiparse será más rentable que reaccionar. La asesoría especializada, la documentación exhaustiva y la cultura de cumplimiento preventivo serán las herramientas clave para navegar un entorno donde la fiscalización ya no es eventual, sino permanente.
El reto no radica únicamente en pagar impuestos, sino en demostrar, con precisión y transparencia, que cada operación es legítima. En 2026, la mejor defensa fiscal comienza mucho antes de cualquier auditoría.
