La reforma electoral de la presidenta Sheinbaum en cualquiera de sus modalidades, B, C o Z, se concretará y, al final del día, será aprobada por el Congreso con las mayorías simples que tiene Morena en ambas cámaras legislativas y, ante las posteriores controversias constitucionales por tal imposición, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resuelva el asunto a favor de la mandataria.
La misión no es fácil; empero, tarde que temprano habrá un híbrido legislativo que mantendrá contenta a la jefa del Ejecutivo Federal.
El Plan A —la reforma constitucional profunda que se planteó inicialmente— estaba condenado desde el principio a enfrentar un obstáculo estructural: la falta de votos suficientes. De antemano se sabía que alcanzar la mayoría calificada era prácticamente imposible.
No solo por la oposición frontal de los partidos opositores, sino porque dentro de la propia coalición legislativa existían dudas serias sobre el respaldo del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La política parlamentaria es, ante todo, una cuestión de cálculo. Por eso, el Plan B se volvió la opción práctica para hacer cambios que, aunque no alteran profundamente la Constitución, sí buscan modificar aspectos importantes del funcionamiento político y administrativo del sistema electoral y del gobierno.
En términos prácticos, el Plan B permite avanzar donde el Plan A estaba condenado a estancarse.
No hay que pasar por alto que existe una clara contradicción en el ejercicio de llevar el plan B por la ruta de modificar leyes secundarias, porque necesariamente tendrán que modificarse algunos artículos de la Constitución.
Más allá de las implicaciones jurídicas y legales que conlleva el plan B, diremos que uno de los ejes centrales de la reforma electoral es la reducción de privilegios en la política. Durante décadas, la discusión sobre los altos sueldos y beneficios de funcionarios públicos ha sido un tema recurrente en el debate nacional.
Hoy vuelve al centro de la conversación con propuestas que apuntan directamente a los salarios de senadores, legisladores locales, consejeros electorales y estructuras partidistas.
La premisa es clara: ningún servidor público debería ganar más que la presidenta de la República. Sin embargo, la realidad institucional muestra lo contrario en varios niveles del Estado mexicano.
En distintos congresos locales, así como en órganos autónomos, existen funcionarios cuyos ingresos superan el salario presidencial. Este fenómeno no solo genera inconformidad social, sino que también alimenta la percepción de una clase política desconectada de las condiciones económicas del país.
Sin embargo, el costo alto de la democracia no debe ser pretexto para imponer una reforma electoral que cierra la puerta a los adversarios políticos para acceder al poder.
Otro de los temas que se discuten dentro de este paquete de cambios es la reprogramación de la revocación de mandato. Este mecanismo de participación ciudadana, que se presentó originalmente como una herramienta para fortalecer la democracia directa, ha generado debates sobre su periodicidad, su organización y sus implicaciones políticas.
La reducción de privilegios en organismos autónomos forma parte de una discusión más amplia sobre el tamaño y el costo del Estado. En un país con profundas desigualdades, el gasto público en estructuras burocráticas de alto nivel siempre estará bajo escrutinio.
Empero, más allá del contenido específico de las reformas, el episodio revela una realidad política más profunda: la fragilidad de las coaliciones legislativas.
El Partido Verde y el PT, al negarse a respaldar una reforma constitucional de gran calado, han marcado un punto de inflexión en su relación política con el bloque gobernante.
La decisión tiene consecuencias. En política, cada voto cuenta, pero también cada ausencia. Cuando los aliados se convierten en obstáculos para una agenda legislativa, el costo político puede ser significativo.
De hecho, muchos analistas dentro del propio Congreso interpretan esta postura como una señal de debilitamiento estratégico de ambos partidos.
El cálculo electoral tampoco es menor. En un escenario político cada vez más competitivo, los partidos pequeños dependen en gran medida de su capacidad de negociación dentro de las coaliciones. Romper con las prioridades legislativas del bloque mayoritario puede tener repercusiones en su futuro político.
La voluntad presidencial en tiempos de la 4T, como en tiempos del PRI, no admite discrepancias y menos rechazo; por lo tanto, la reforma electoral en cualquiera de sus modalidades será aprobada en ambas cámaras y avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Estas escaramuzas dejan ver que el camino a las elecciones intermedias está minado.
