El opositor cubano Bárbaro de la Nuez Ramírez continúa detenido en la Unidad Provincial de Instrucción Criminal y Operaciones (UPICO) en el reparto Pueblo Griffo de Cienfuegos, bajo investigación por supuesta preparación de acciones de sabotaje en la provincia.
Las autoridades cubanas mantienen la investigación abierta a Bárbaro de la Nuez por la presunta contratación de personas para ejecutar actos de sabotaje en la isla.
La detención del activista de 60 años se produjo el miércoles 22 de abril de 2026, tras registros en su vivienda y en la de su madre, ubicadas en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros.
De la Nuez es integrante de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) y de la organización ecopacifista Naturpaz.
Juan Alberto de la Nuez, hermano del detenido y también activista, comunicó a Martí Noticias que, tras la visita reglamentaria del sábado pasado, pudo constatar que Bárbaro permanece bajo control de la policía política.
“Al llegar a la sede de UPICO, en Pueblo Grifo, me dijeron que no podían darme visitas, que tenía que dirigirme a la Seguridad del Estado”, relató.
“Me dirigí a la Seguridad del Estado y regresé acompañado de un oficial de la policía política quien habló antes conmigo y me dijo que mi hermano estaba muy activo en las redes sociales, que él no tenía ninguna acusación contra él, pero había un proceso de investigación y hasta que no terminara no podía decidirse qué hacer con él”, denunció Juan Alberto.
La visita fue supervisada por un teniente coronel, quien advirtió que la misma terminaría de inmediato si se abordaba el caso, según el testimonio del hermano.
Pese a las condiciones, Juan Alberto describió a Bárbaro “muy firme, muy fortalecido”, aunque más delgado, asegurando que tendría que ser liberado por la falta de fundamento en las acusaciones.
La detención de De la Nuez se enmarca en una reciente ola de represión contra sindicalistas independientes en la región.
Antes, han sido sentenciados, o cumplen prisión preventiva por el mismo u otros delitos contra la seguridad del Estado, al menos veinte activistas por una presunta relación con grupos radicados en el exterior, calificados por el régimen como “contrarrevolucionarios”.
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