La congresista María Elvira Salazar calificó como “otra trampa más del régimen” cubano la importación de combustible por parte de las llamadas MiPymes (micro, pequeñas y medianas empresas) cubanas.
En un reportaje publicado este lunes, Martí Noticias informó que la dictadura cubana habría permitido a las MiPymes la importación directa de combustibles desde México y Florida, de acuerdo a múltiples fuentes.
“Hace un año denunciamos que la mayoría estaban en manos de familiares, testaferros y aliados de la cúpula castrista para acceder a dólares y al sistema bancario en EEUU”, alertó Salazar en X al referirse a las MiPymes.
“Ahora intentan venderlo como ‘iniciativa privada’. No lo es. Es la nueva fachada financiera de estos sátrapas para sostener la dictadura mientras el pueblo sigue en apagones. No engañan a nadie”, agregó.
De acuerdo con las fuentes consultadas, ya se están realizando envíos de diésel en “isotanques”, en los que pueden transportarse unos 24 mil litros y la entrega se realiza en el puerto de Mariel directamente a los consumidores.
Las fuentes también señalaron a Martí Noticias que empresas con autorizaciones vigentes del Departamento de Comercio de EEUU estarían participando en operaciones vinculadas al envío de combustible.
“Se está manejando con la máxima discreción. Existe temor de que la Administración Trump pueda restringir también este canal”, dijo uno de los entrevistados.
A propósito de autorizaciones emitidas por el Gobierno de EEUU para comerciar con Cuba, los congresistas María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart solicitaron que se revise y revoque las licencias de compañías relacionadas con el régimen cubano.
En una misiva a los Departamentos del Tesoro y del Comercio, los representantes dijeron estar “sumamente preocupados” por operaciones comerciales de empresas estadounidenses con entidades controladas por el Estado cubano, al que Washington designa como patrocinador del terrorismo.
En su pedido, los republicanos instaron a una auditoría exhaustiva de todas las licencias activas y a revocar aquellas que “proporcionen beneficios económicos directos o indirectos” al régimen, en línea con la Ley Helms-Burton de 1996.
