El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está impidiendo el nombramiento de nuevos sacerdotes en las diócesis de Nicaragua que actualmente no cuentan con obispos, dado que fueron expulsados del país, afirman sacerdotes en el exilio.
Desde el estallido de las protestas sociales en 2018, el régimen nicaragüense ha perseguido a la Iglesia Católica y a aquellos líderes religiosos especialmente críticos con su brutal represión o que simplemente exigieron respecto a los templos o a sus labores religiosas.
Las cuatro diócesis acéfalas actualmente en Nicaragua son Jinotega, Matagalpa y Estelí, en la zona norte del país, y la de Siuna, en la costa Caribe.
Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí, fue expulsado a Roma en enero de 2024, junto con Monseñor Isidoro Mora, Obispo de Siuna. Posteriormente, en noviembre de 2024, fue expulsado Monseñor Carlos Herrera, obispo de Jinotega.
Desde entonces estas zonas pastorales se encuentran bajo una estrecha vigilancia policial y se impide que otros obispos de diócesis cercanas suplan las laborares pastorales de los obispos en el exilio, según testimonios recabados por la Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa).
Según tres sacerdotes nicaragüenses en el exilio que concedieron declaraciones en condición de anonimato, el régimen de Ortega-Murillo busca “suplantar a los obispos”, y algunos religiosos que están en Nicaragua “no luchan para no complicarse la vida, con la idea de salvar a sus diócesis, pero al final están cediendo su mandato a lo que dice el gobierno”.
“Sobre todo en las diócesis que no tienen obispo, la vigilancia es todavía más extrema para evitar que otro obispo de otra diócesis llegue a celebrar algo”, denunció uno de los sacerdotes contactado por ACI Prensa.
Según este sacerdote, actualmente hay unos siete candidatos al sacerdocio en la diócesis de Siuna que concluyeron sus estudios en 2025, más otro grupo que terminó en 2024, pero todos siguen a la espera de ser ordenados para poder iniciar su labor pastoral.
De acuerdo con las normas de la Iglesia Católica, para celebrar una ordenación se necesita una carta de autorización del obispo que, dadas las circunstancias actuales, podrían remitirse por medio de correo electrónico desde el exilio para que otros obispos en Nicaragua realicen la ceremonia.
Sin embargo, el obstáculo es político explican los sacerdotes consultados por ACI Prensa: “El problema es que el gobierno interpreta ese permiso, esas cartas, como una irrupción en la soberanía que ellos tienen y ven como una amenaza al obispo que está fuera y sigue gobernando su diócesis”.
Los sacerdotes entrevistados coindicen en que “el gobierno está influyendo en las ordenaciones” sacerdotales. De esta forma, Nicaragua estaría replicando el modelo chino que busca quebrar la jerarquía de la Iglesia Católica para nombrar a los sacerdotes bajo criterios políticos e ideológicos.
En el caso de China, tras cuatro años de negociaciones discretas, en 2018 el Vaticano y el régimen comunista de Pekín llegaron a un acuerdo provisional para nombrar conjuntamente a los obispos. Ese acuerdo se ha renovado tres veces y, en virtud de sus disposiciones, se han aprobado 11 nuevos obispos.
A la luz de los testimonios, las expulsiones de sacerdotes y obispos críticos o no alineados con el régimen sandinista, así como la alianza entre Managua y Pekín, todo indicaría que Ortega y Murillo quieren replicar en Occidente este modelo oprobioso que busca dinamitar a la Iglesia Católica y controlar la práctica de la fe y la espiritualidad.
El estudio “Nicaragua: una iglesia perseguida” contabiliza desde abril 2018 la expulsión de 149 sacerdotes, 132 monjas, 13 seminaristas, 4 obispos e incluso un nuncio apostólico, es decir un representante del Papa o un embajador de El Vaticano.
Tal es la gravedad de la situación de la libertad religiosa en Nicaragua que el alto funcionario de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, declaró que “la dictadura Murillo-Ortega sigue deteniendo injustamente a trabajadores religiosos y negándole a clérigos como el Obispo Báez la posibilidad de regresar a sus comunidades y sacerdocio”.
Estas declaraciones tuvieron lugar tras la reunión de Kozak con el obispo auxiliar de la diócesis de Managua Silvio Báez y los sacerdotes nicaragüenses en el exilio Edwin Román y Juan de Dios García.
Kozak agregó que “estos abusos no harán tambalear las creencias de los nicaragüenses. Seguiremos exigiendo con firmeza a Murillo y Ortega que restablezcan las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de religión o de creencias y la democracia en Nicaragua”.
El regreso seguro de los obispos y sacerdotes expulsados así como el respeto pleno de su misión pastoral sería un paso fundamental para restaurar la libertad religiosa en Nicaragua, un pueblo profundamente cristiano y mariano.
