Lejos de mostrar señales de distensión, la represión estatal en Cuba entró en 2026 con un significativo agravamiento, según el más reciente informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
El régimen endureció sus mecanismos de control político y social, empleando la vigilancia, las detenciones arbitrarias y las restricciones informativas como pilares de una estrategia diseñada para sofocar el disenso y blindar la narrativa oficial.
En enero, el ICLEP registró un aumento del 12,9% de las agresiones contra la libertad de expresión y de prensa, respecto al mes anterior y un incremento del 67,6 %, respecto al año 2025.
Del total de casos, 92 correspondieron a violaciones de la libertad de expresión y 22 agresiones contra la libertad de prensa, lo que confirma un entorno crecientemente hostil tanto para periodistas independientes, como otros ciudadanos críticos del sistema.
Las detenciones arbitrarias de corta duración, que alcanzaron 69 casos, fueron la herramienta más usada por las fuerzas represivas del Estado para castigar y prevenir manifestaciones de descontento antes de que se hicieran tangibles en el espacio público.
Le siguieron los ataques, amenazas y agresiones psicológicas, de los que se documentaron 23 casos y el uso abusivo del poder estatal con 15 transgresiones. Las restricciones digitales, cada vez más frecuentes sumaron seis incidentes. Una agresión física pudo ser verificada.
El informe evidencia una fuerte concentración de las violaciones en La Habana, donde se contabilizaron 52 incidentes, más del doble que en enero del año anterior. Matanzas, Camagüey y Villa Clara también registraron cifras notables.
Las zonas con menos reportes no muestran ausencia de represión, sino limitaciones para documentarla debido al control local, la autocensura y la falta de canales de denuncia, indica el ICLEP.
Nuevamente, la Seguridad del Estado encabezó la lista de ejecutores de la represión. Le siguió la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y luego, el sistema judicial y penitenciario, el monopolio de las comunicaciones ETECSA, el Ministerio del Interior y, también, civiles dirigidos por la oficialidad, lo que confirma el carácter institucional y coordinado del aparato represivo, donde diversas entidades estatales operan de manera articulada para limitar derechos fundamentales.
El de los activistas fue el grupo más afectado, seguidos por opositores, presos políticos y periodistas independientes.
En este sentido, el informe destaca una preocupante expansión del impacto represivo sobre las mujeres, cuyas agresiones aumentaron más del 127 % interanual.
Se confirmó un caso de carácter colectivo: 1 200 estudiantes de preuniversitario en Santiago de Cuba, afectados por acciones represivas masivas.
De acuerdo al informe, en el mes están marcadas claramente, cuatro escaladas represivas, detonadas por hechos externos e internos: la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, los actos oficiales por los militares muertos en Venezuela, una recepción en la Embajada de EE. UU, el 28 de enero, y una cuarta oleada a finales del mes.
En estas fechas se intensificaron detenciones, cortes de internet y vigilancia a las viviendas de activistas y comunicadores en La Habana y otras provincias.
Uno de los casos más mediáticos fue el del periodista Henry Constantín, detenido en tres ocasiones en menos de un mes, sometido a incomunicación y amenazas que buscaban impedir su labor informativa.
La organización advierte que, de mantenerse la actual dinámica política y social, la represión podría profundizarse en los próximos meses, ampliando la vulnerabilidad de quienes ejercen derechos fundamentales en el país.
