Durante Semana Santa tuvimos mucha información de las finanzas públicas. El lunes conocimos los datos al mes de febrero; el miércoles se presentaron los precriterios de política económica para 2027, y en algún momento el secretario de Hacienda, Édgar Amador, le contestó a The Economist.
Habíamos comentado aquí que el número de la semana previa de la revista más prestigiada del mundo traía dos textos acerca de México, llamando al gobierno a corregir una “economía rota”. Amador, en su cuenta de Twitter (ahora X) publicó tres notas que responden a eso: una acerca del empleo, otra sobre la inversión y una tercera acerca de la estabilidad. En ellas repite frases hechas que no creo que ayuden mucho. Hablar de tasa de desempleo abierto en México es un absurdo que llevamos más de 30 años criticando; insistir en que la inversión extranjera es grande, cuando la inversión total se ha desplomado y la extranjera es casi por completo reinversión de utilidades, tampoco sirve de nada. Finalmente, celebrar que hubo consolidación fiscal por 1.3 puntos del PIB, que se obtuvo reduciendo la inversión pública en ese monto, es más un reconocimiento de incapacidad.
Los datos de finanzas públicas a febrero confirman que todo el ajuste se está haciendo mediante la inversión pública. Tuvimos una contracción en recaudación de IVA y de impuestos a la importación, que responden a la caída de compras en el exterior, especialmente de bienes de consumo y de capital. Esto sugiere que la actividad económica en los primeros dos meses del año regresó a lo que habíamos visto casi todo el año pasado: estancamiento. La sorpresa del último trimestre de 2025, que para algunos era una muestra de cambio de tendencia, fue más bien un hecho excepcional. De los seis trimestres que lleva la actual administración, cinco han estado prácticamente en ceros.
Por esa razón, las proyecciones de crecimiento económico para este año y el próximo, que aparecen en los precriterios, suenan poco probables: 2.3 y 2.4%, respectivamente, son el centro del rango esperado. Es cierto que ese fue el crecimiento de nuestra economía por 40 años, pero antes de que llegara el actual grupo en el poder. Desde entonces, el promedio es de 0.8%. Esa debería ser la referencia, a menos que hubiera un cambio significativo en las políticas públicas.
La destrucción del Poder Judicial, y de cualquier órgano que pudiese vigilar o contrapesar al gobierno, ha provocado una pérdida de confianza casi total. Los especialistas en economía que encuesta el Banco de México concuerdan en que este no es el momento de invertir: todos. Entre empresarios no hay ese consenso, pero sí una amplia mayoría que cree que no se debe invertir ahora. En los hechos, la inversión total se ha desplomado y la pública está prácticamente en el nivel más bajo de la historia, solo comparable al primer año del gobierno de López.
Después de casi ocho años de no invertir, la infraestructura se ha deteriorado, y esto impacta la productividad de los trabajadores. En el último año perdimos 100 mil empleos manufactureros, y si comparamos con el inicio de 2018, hace ocho años, estamos abajo por 35 mil puestos de trabajo. La inversión pública del sexenio pasado, para agravar las cosas, tuvo como resultado tres grandes obras que hoy pierden dinero: el Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA. Visto así, esa inversión no fue tal: fue destrucción de riqueza.
Para 2027, la propuesta de Hacienda no cambia. Como no podrán crecer los ingresos, van a reducir los gastos, en un punto del PIB. Lo harán eliminando lo poco que queda de inversión. Pero 2027 es año electoral. ¿Van a suicidarse o simplemente nos están engañando? Considerando la pérdida de credibilidad que han acumulado, creo que las opciones son, al final, la misma. Ya veremos.
