Cuba figura nuevamente entre los países con peores condiciones para el ejercicio del periodismo, según el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que documenta recientes acciones de hostigamiento, vigilancia policial y restricciones de movimiento contra periodistas independientes en la isla.
“Cuba sigue siendo, año tras año, el peor país de América Latina en cuanto a libertad de prensa. La Constitución establece que los medios de comunicación son propiedad del Estado, lo que convierte al periodismo —fuera de la prensa oficial— en un ejercicio prácticamente clandestino”, subraya el informe.
Según RSF, Cuba sigue siendo uno de los entornos más restrictivos para el ejercicio del periodismo en el continente y se mantiene entre los países peor clasificados del mundo en materia de libertad de prensa, en el puesto 160 de una lista de 180 naciones, y con una puntuación de apenas 29.22, de un total de 100.
En marzo, al menos tres comunicadoras -Yoani Sánchez, Camila Acosta y Mabel Páez- reportaron haber sido sometidas a vigilancia policial o a formas de arresto domiciliario de facto tras cubrir protestas relacionadas con el agravamiento de la crisis energética en el país. De acuerdo con RSF, estas restricciones arbitrarias han impedido el trabajo informativo de interés público en un contexto marcado por apagones prolongados y creciente descontento social.
El 9 de marzo, Camila Acosta, corresponsal del diario español ABC y del portal independiente Cubanet, alertó en redes sociales sobre un operativo de agentes de la Seguridad del Estado en los alrededores de la Universidad de La Habana que le impidió cubrir una sentada estudiantil en demanda de la reanudación de las clases presenciales, suspendidas debido a los cortes eléctricos.
Acosta denunció que agentes volvieron a apostarse frente a su vivienda el 10 y el 15 de marzo, rodeando su residencia en La Habana.
Ese mismo 15 de marzo, la directora del medio independiente 14ymedio, Yoani Sánchez, informó en redes sociales que un agente de la Seguridad del Estado vestido de civil le impidió salir de su edificio, sin mostrar identificación ni orden judicial.
También ese día, la periodista Mabel Páez, directora del medio local impreso El Majadero de Artemisa, fue informada por autoridades locales de esa ciudad, al suroeste de La Habana, que no podía abandonar su vivienda “hasta nuevo aviso”, bajo amenaza de sanciones. Esta información fue confirmada por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
“El uso de la vigilancia policial y de restricciones arbitrarias a la libertad de movimiento para impedir que periodistas salgan de sus casas constituye una forma de censura previa destinada a evitar la cobertura de hechos de interés público”, afirmó Artur Romeu, director de RSF América Latina.
Añadió que, en medio de una grave crisis energética y de un aumento del malestar social, es esencial que los periodistas independientes puedan trabajar libremente, e instó a las autoridades cubanas a poner fin de inmediato a estas prácticas.
RSF recuerda que los apagones prolongados y el deterioro de la situación económica y energética han provocado protestas reiteradas en varias provincias del país.
La organización ha documentado cómo las autoridades recurren de forma sistemática a la vigilancia, las detenciones arbitrarias y los arrestos domiciliarios de corta duración para impedir la cobertura de protestas, especialmente desde la represión que siguió a las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
En los últimos años, la presión contra la prensa independiente se ha intensificado, como demuestra el exilio forzado del periodista José Luis Tan Estrada a finales de 2024 y la aprobación de la Ley de Comunicación Social en 2024, que reforzó el control estatal sobre los medios y la expresión en internet.
