Tres mujeres cubanas encausadas por las protestas del 15 de noviembre de 2024 en el poblado de Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba, podrían ser sentenciadas a largas penas de prisión, según consta en la petición fiscal del proceso.
Las autoridades solicitan 13 años de privación de libertad para Mileidis Maceo Quiñones, ocho años para Edilkis León Giraudis y cinco años para Oneida Quiñones, bajo los presuntos delitos de desórdenes públicos y daños.
“Les llegó hace como un mes y pico la petición fiscal, pero no han notificado todavía el día que le van a hacer el juicio. Todavía no han definido la fecha”, expresó a Martí Noticias, Elba León Giraudis, hermana de Edilkis.
La manifestación pacífica que originó el encausamiento ocurrió cuando decenas de residentes del poblado santiaguero salieron a las calles haciendo sonar calderos y exigiendo la restitución del servicio eléctrico.
La protesta fue reprimida por elementos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y las Brigadas de Respuesta Rápida, quienes recurrieron a agresiones verbales. En respuesta, algunos participantes lanzaron piedras, logrando una de ellas impactar contra una patrulla policial.
Las acusadas, integrantes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), enfrentan una fuerte dilatación en su proceso judicial, lo que prolonga la incertidumbre y el sufrimiento tanto de ellas como de sus familiares. La Fiscalía del municipio de Mella rechazó en dos ocasiones consecutivas las solicitudes de cambio de medida cautelar, presentadas por los abogados defensores, cuyo objetivo era que las mujeres pudieran esperar el juicio en sus hogares.
Las activistas Mileidis Maceo y Edilkis León permanecen recluidas en la prisión de mujeres de la provincia a la espera de la vista oral. Por su parte, Oneida Quiñones cumple prisión domiciliaria hasta que la condena sea firme.
En el caso del joven Rafael Borrero Torres, también involucrado en los hechos, las autoridades decidieron liberarlo de todos los cargos, presuntamente por ser menor de edad.
Elba León calificó las peticiones fiscales contra los activistas como desmesuradas y abusivas, señalando que son el resultado de un régimen autoritario que no tolera el disenso ni la discrepancia política: “Están locos”.
Organizaciones de derechos humanos han documentado cómo el gobierno de Miguel Díaz-Canel utiliza su entramado legal y sanciones severas para criminalizar y castigar a los ciudadanos que salen a las calles a protestar por las precarias condiciones de vida y los constantes apagones que sufre la isla.