Las dos noticias son perfectamente coincidentes en el tiempo: por un lado, la recriminación nacional contra la administración de Claudia Sheinbaum por su inacción ante la desaparición de personas; y, por el otro, su beneplácito y ostentación ante la aparición de su nombre en una lista de líderes con mayor aprobación política en la región. ¿Cómo se explica esta contradicción?
Sería ingenuo no reconocer que la todavía vigente aceptación del gobierno de Morena —pese al creciente número de escándalos y disfunciones relacionadas con sus obras de infraestructura— está directa y proporcionalmente ligada al asistencialismo social; al importante cúmulo de programas y mecanismos de ayuda clientelar, quizá desplegados desde hace ya más de veinte años, cuando a través del PRD accedieron al gobierno de la capital del país.
El hecho de que no sean sus acciones, sino “la riqueza que distribuyen”, lo que determina la popularidad de este gobierno, arroja un problema grave que podría hacer crisis muy pronto: los recursos públicos destinados a sostener la política asistencialista se han agotado y el endeudamiento ha llegado a su límite.
La discontinuidad de los programas pone en riesgo al partido, pues no puede pasar desapercibido que el año entrante se organizarán procesos electorales a nivel nacional y local que, por el número de candidaturas a elegir, podrían arrebatar el control de la agenda legislativa y, en muchos estados, la conducción del gobierno.
El país necesita de los recursos que Morena ha venido distribuyendo, y ello no se logra sin recaudación o, aún mejor, sin inversión productiva.
Es ahí en donde radica la relevancia del anuncio realizado por la presidente la semana pasada, al difundir en X el éxito de la reunión sostenida con el director ejecutivo de BlackRock y otros líderes empresariales extranjeros, en la que se discutió el rumbo de futuras inversiones que podrían incorporarse al modelo económico de la Cuarta Transformación.
Para desfortunio de todos nosotros, debemos recordar que no es la primera ocasión en que la presidenta se reúne con empresarios o banqueros para hablar de inversión. No resultaría nada extraño, por eso, que pese a las siempre amables expresiones de compromiso por parte de los representantes del capital, volvamos a atestiguar persistente sequía de capital productivo dirigido a abrir o reforzar sectores de la economía liberal que demandan capital intensivo y prometen generación de empleo.
La narrativa de justicia social y compromiso patriótico de la administración morenista, aunada a la cadena de acciones y hechos que contradicen ese discurso, constituye un muro de contención que le da seguridad al movimiento, pero repele y atemoriza a cualquier empresa seria que pretenda emprender negocios en México.
Todo indica que a los dos presidentes postulados por el movimiento les ha faltado una asesoría jurídica esencial al diseñar su proyecto de nación: la clave está en la seguridad jurídica.
Para muestra, un botón.
Hace apenas tres meses, en enero de este año, la ministra Lenia Batres Guadarrama provocó un intenso debate al interior de la SCJN al proponer la eliminación del principio de cosa juzgada, planteando la posibilidad de reabrir casos ya sentenciados cuando se detectaran acciones fraudulentas dentro del juicio.
La idea resultó insostenible y no contó con el respaldo de los demás ministros, debido al grave impacto que una línea de intervención judicial de esa naturaleza tendría sobre la seguridad jurídica.
Una sentencia firme constituye la base sólida sobre la cual se construyen actos y empresas que requieren certeza legal, de la que dependen, inevitablemente, sus probabilidades de éxito.
En esa misma línea de desvaríos constitucionales, el pasado 10 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma el artículo 127 constitucional, con el propósito de establecer un límite a las pensiones de los trabajadores del Estado.
Conforme a su nueva fracción IV, ningún servidor público podrá percibir una pensión superior a la mitad de la remuneración que reciba el presidente de la República.
Lo más preocupante es que el artículo Segundo Transitorio del decreto dispone que dicho límite será aplicable incluso a pensiones ya vigentes, es decir, a aquellas otorgadas con anterioridad a la reforma.
Ello implica una abierta contradicción con la garantía de irretroactividad de la ley consagrada en el artículo 14 constitucional.
La medida generará una inconformidad generalizada entre los pensionados afectados. Sin embargo, la Ley de Amparo impide impugnar reformas constitucionales por esta vía —tema que ya hemos abordado en este espacio—, lo que anticipa la inminente apertura de foros internacionales a los que acudirán los trabajadores para reclamar la vulneración de sus derechos.
¿Quién habrá de pronunciarse sobre esas reclamaciones y sus efectos? Serán los jueces, magistrados y ministros electos que la ciudadanía ha visto debatir. En ellos quedará depositada la facultad de interpretar nuestra Carta Magna y el orden jurídico nacional, con las consecuencias —probablemente adversas— que ello implicará.
Es esta circunstancia, precisamente, reproducida cientos o miles de veces, la que permite a los inversionistas afirmar, con fundamento, que en México no se respeta plenamente el Estado de derecho ni se garantiza la seguridad jurídica.
Las circunstancias apremian; el país no puede permanecer en el ostracismo del desarrollo; es momento de que la presidenta y su partido reconsideren la estrategia.
Sería muy oportuno que se reconozca la importancia y funcionalidad del sistema de frenos y contrapesos, así como el valor de la legalidad; presupuestos necesarios de todo Estado moderno interesado en convocar a la inversión.
