El debate sobre los bienes expropiados al llegar al poder el régimen comunista cubano vuelve a cobrar fuerza en la agenda entre Washington y La Habana, abriendo un nuevo escenario para miles de familias que perdieron todo hace más de seis décadas.
En medio de contactos impulsados desde la Administración de Donald Trump, crecen las expectativas dentro del exilio cubano. Para muchos, este momento representa una oportunidad histórica.
El presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba en el Exilio (National Association of Cuban Landowners in Exile), Nick Gutierrez, advierte que el escenario actual es decisivo, pero también delicado.
“Estamos en un momento bien crítico. La Administración ha iniciado contactos con elementos del régimen, lo cual nos preocupa. No queremos que se repita un escenario como el de Venezuela, donde estructuras del poder se mantienen intactas. Lo que se necesita es un cambio real de liderazgo, porque lo que se ha ofrecido hasta ahora no es sustancial para alcanzar un acuerdo serio con Estados Unidos.”
Gutiérrez subraya que, aunque se habla de reclamaciones certificadas —más de 5.900 casos de empresas y familias estadounidenses—, estas representan solo una parte del problema.
“Esas propiedades eran importantes, pero constituían menos del 5% de la economía cubana de entonces. Hay centenares de miles de cubanos —y posiblemente millones incluyendo herederos— que también fueron despojados y cuyos casos no están certificados. Es fundamental que todas esas confiscaciones sean compensadas o restituidas”, afirmó
La restitución como clave para la reconstrucción económica en el poscastrismo
Más allá del reclamo histórico, el tema tiene implicaciones directas para el futuro de la isla. Según Gutiérrez, resolver este conflicto sería esencial para reconstruir la economía cubana. “Si no se resuelve el tema de las propiedades confiscadas, Cuba no va a poder atraer inversión extranjera seria. Nadie va a invertir en un país donde no hay garantías de propiedad. Este es un punto clave para sacar a la economía del colapso en el que ha estado durante casi siete décadas.”
En su análisis, la restitución también sería una señal determinante para un eventual gobierno de transición.
“Restituir propiedades siembra confianza en los inversores y demuestra que el nuevo gobierno respeta el Estado de derecho. Porque si no lo hacen, ¿qué garantía tiene un inversionista de que no le sucederá lo mismo que nos ocurrió a nosotros?”
El abogado cubanoamericano también insiste en que el impacto va más allá de lo económico.
“Esto no solo devuelve bienes a manos privadas y descolectiviza la economía; también hace justicia moral, social y legal. Es la base para reconstruir el país sobre fundamentos sólidos”, opinó.
A su juicio, este proceso podría liberar el potencial productivo de la nación: “La restitución desencadenaría las energías empresariales del pueblo cubano, dentro y fuera de la isla. Cuba tiene todo para convertirse en una economía dinámica, comparable a países que lograron desarrollarse rápidamente, pero eso solo será posible con democracia, derechos humanos y respeto a la propiedad privada.”
Gutiérrez considera que el momento actual podría marcar un punto de inflexión, aunque advierte que el resultado dependerá también de la presión de los propios afectados.
“Muchos pensaban que esto era un sueño, pero hoy ya no lo parece tanto. Estamos ante una coyuntura histórica. Eso sí, nadie nos va a devolver nada en bandeja de plata. Hay que luchar por estos derechos y respaldar a quienes dentro de la Administración realmente apuestan por democracia y Estado de derecho.”
Según sus estimaciones, el valor total de las propiedades expropiadas es enorme: “Si las reclamaciones certificadas rondan los 10 mil millones de dólares, el valor total de lo confiscado podría multiplicarse por 20 o 25 veces, incluyendo propiedades de cubanos dentro y fuera de la isla.”
Mientras avanzan las conversaciones, el dilema sigue abierto: si se priorizará un acuerdo político inmediato o una solución integral que incluya a las víctimas de las expropiaciones.
Por ahora, el tema vuelve al centro del debate y se posiciona como uno de los pilares para definir el futuro económico, legal y político de Cuba.
